Periodistas mexiquenses piden intervención por citatorios en Tenancingo

Tenancingo, Méx.- La agrupación “100 Periodistas por el Estado de México” solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Congreso local, ante lo que consideran un intento de criminalización del ejercicio periodístico en el municipio de Tenancingo.

De acuerdo con el posicionamiento del colectivo, la situación se deriva de citatorios emitidos por la policía municipal hacia cuatro comunicadores que participan en el espacio informativo “La Madeja Política de Tenancingo”, identificados como Ángel Ávila Calvo, Alejandro López Vázquez, Ramón Castañeda Mondragón y Arturo Escobar Sánchez.

Los periodistas habrían sido señalados en una carpeta de investigación —la 275/2026— en la que se les atribuyen presuntos actos de violencia digital reiterada, hostigamiento, intimidación y daño a la reputación, derivado de publicaciones y comentarios difundidos en redes sociales relacionados con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco.

Según el documento de denuncia, los señalamientos incluyen supuestas expresiones de insulto, sarcasmo e ironía; sin embargo, los comunicadores sostienen que sus publicaciones forman parte del ejercicio de análisis y crítica hacia el desempeño de la administración municipal, particularmente en temas de servicios públicos, obra pública, transparencia, sueldos y presuntos casos de nepotismo.

El colectivo de periodistas advirtió que el caso abre un debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el derecho al honor de servidores públicos, así como sobre la ponderación del interés público frente a figuras políticas en funciones.

Asimismo, señalaron que los comunicadores fueron citados ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSG), con sede en Metepec, donde comparecieron tras ser notificados el pasado 2 de junio. En dicho proceso, refirieron haber sido advertidos sobre la posibilidad de una sanción económica derivada de un supuesto daño psicológico a la edil, quien habría solicitado una reparación del daño por 125 mil pesos para cada uno de los señalados.

En su posicionamiento, la agrupación también acusó que la presidenta municipal habría solicitado a la ciudadanía evitar comentarios en redes sociales sobre su administración o dar difusión a contenidos de la prensa local, lo que consideran una restricción a la libre discusión pública y al debate democrático.

De acuerdo con los señalamientos, la denuncia de la alcaldesa argumenta que las publicaciones periodísticas la revictimizan al retomar un presunto secuestro que habría sufrido y que fue difundido previamente en medios de comunicación, a partir de un video en el que ella misma relató los hechos.

Los comunicadores sostienen que su labor informativa se basa en investigación periodística y solicitudes de información pública, por lo que reiteraron que sus contenidos se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión y al escrutinio del desempeño gubernamental.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico en la entidad y evitar cualquier forma de criminalización contra quienes ejercen labores de comunicación, en el contexto de las reformas en materia de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en el Estado de México.

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