Nueva Ley de Protección Animal atiende el maltrato y endurece sanciones
- Sergio Nader Ortega
- 4 mayo, 2026
- Estado de México
- Delfina Gómez, EdoMéx, maltrato, Principales, Protección Animal, sanciones, Toluca
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Toluca, Méx.- Con un enfoque que combina sanción, prevención y educación, entró en vigor en el Estado de México la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, un ordenamiento que marca un cambio en la política pública de la entidad frente al maltrato animal, al establecer castigos más severos, mecanismos de registro obligatorio y el reconocimiento legal de los animales como seres sintientes sujetos de protección.
La nueva legislación, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y aprobada por unanimidad en la LXII Legislatura del Estado de México, establece sanciones económicas que van de los 17 mil hasta los 35 mil pesos para los casos más graves de maltrato, así como arrestos administrativos de hasta 36 horas para quienes incurran en conductas de crueldad, negligencia o abandono.
Con estas disposiciones, las autoridades estatales buscan enviar un mensaje de cero tolerancia frente a prácticas que vulneren la integridad de los animales, fortaleciendo el marco jurídico para la atención de denuncias y la sanción de conductas que antes, en muchos casos, no contaban con consecuencias proporcionales al daño causado.
Uno de los cambios más relevantes de la nueva ley es el reconocimiento explícito de los animales como seres sintientes, lo que obliga al Estado a garantizar condiciones dignas de vida, alimentación adecuada, atención veterinaria oportuna y espacios seguros para su desarrollo.
El nuevo ordenamiento tipifica como sancionables diversas conductas, entre ellas el abandono, la omisión de cuidados básicos, la exposición a condiciones insalubres o peligrosas, así como cualquier acto que derive en sufrimiento físico o emocional. Las sanciones serán aplicadas de manera proporcional a la gravedad del daño, contemplando tanto multas económicas como arresto administrativo en los casos que lo ameriten.
Además, la legislación incorpora un enfoque preventivo orientado a la transformación social, destacando la implementación de trabajo comunitario en espacios dedicados a la protección animal, campañas permanentes de concientización y la inclusión del bienestar animal en programas educativos.
El objetivo es fomentar una cultura de respeto hacia los animales desde edades tempranas, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana en su cuidado y bienestar.
La nueva ley también contempla la creación del Registro Único de Animales de Compañía, que será administrado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF). Este padrón funcionará como una base de datos oficial, de carácter obligatorio y gratuito para quienes adquieran o adopten animales de compañía.
Cada animal deberá contar con una Clave Única de Registro, la cual deberá integrarse en una placa de identificación que se colocará en su collar o arnés. El registro incluirá información como historial médico y de vacunación, origen del animal, domicilio y datos de la persona responsable.
Además, para acceder a campañas gratuitas de vacunación, esterilización y desparasitación, será necesario acreditar la inscripción en dicho registro, trámite que podrá realizarse durante las jornadas oficiales.
El Gobierno del Estado de México ha fortalecido también la coordinación con los municipios para mejorar la atención de reportes y rescates de animales en situación de riesgo.
En este contexto opera la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta), orientada al control responsable de la población de animales en situación de calle, la atención veterinaria y la promoción de la adopción responsable.
Cabe destacar que, con la entrada en vigor de este nuevo marco legal, el Estado de México se coloca en una nueva etapa en materia de bienestar animal, en la que el maltrato deja de ser una conducta socialmente tolerada para convertirse en una falta con consecuencias jurídicas claras.
La administración estatal subraya que este cambio no solo implica un endurecimiento de sanciones, sino también una transformación en la relación entre la sociedad y los animales, reforzando su protección legal y promoviendo una mayor participación ciudadana en su cuidado.
