Propone Paola Jiménez Registro Estatal de Violentadores Vicarios
- Redacción
- 18 marzo, 2026
- Estado de México
- EdoMéx, Paola Jiménez, registro, Toluca, Vicarios, Violentadores
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Toluca, Méx.- La diputada Paola Jiménez Hernández (morena) propuso la creación del Registro Estatal de Violentadores Vicarios, con el objetivo de visibilizar y documentar estas conductas, así como de impedir que las personas responsables ocupen cargos públicos o gestionen licencias, permisos o concesiones mientras permanezcan inscritas en él.
De acuerdo con la iniciativa de reforma al Código Civil estatal, este instrumento facilitaría la coordinación entre las autoridades judiciales, administrativas y de atención a víctimas, además de generar información estadística para la formulación de políticas públicas en materia de igualdad de género y protección de la niñez.
En su participación en la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, la proponente resaltó que la iniciativa busca prevenir la repetición de la violencia vicaria, proteger a las víctimas y garantizar que el Estado disponga de herramientas efectivas para actuar, mediante un mecanismo que permita registrar, identificar y dar seguimiento a quienes han ejercido este tipo de violencia.
De aprobarse por el Pleno legislativo, en el registro —cuyo resguardo, administración y actualización corresponderían a la Dirección General del Registro Civil, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de México— se inscribirán las personas que hayan sido declaradas judicialmente responsables de esta conducta, conforme a resolución firme o a medida dictada por la autoridad competente.
En este sentido, el documento define violencia vicaria como toda acción u omisión mediante la cual una persona, con el propósito de dañar, controlar o someter a otra, ejerce violencia a través de terceras personas (principalmente hijas, hijos, familiares o dependientes), afectando sus derechos, bienestar o desarrollo.
El proyecto legislativo indica que se emitirían certificados de no inscripción, que podrán ser requeridos para trámites administrativos, permisos, licencias, candidaturas o empleos públicos. La inscripción en dicho registro surtiría efectos como la generación de antecedentes públicos que podrían ser consultados por autoridades, mientras que las personas morales o instituciones que omitan verificar el estatus de la persona solicitante serían responsables solidarias.
Añade que la cancelación de la inscripción procedería cuando se acredite el cumplimiento íntegro de la resolución que motivó la inscripción y no exista reincidencia; cuando la autoridad judicial declare la inexistencia del delito o la revocación de la medida, o bien cuando exista error.
La proponente recordó que otras entidades tipificaron la violencia vicaria como delito autónomo o la incorporaron como una modalidad específica de la violencia familiar, como el Estado de México.
Añadió que un precedente relevante en la materia lo constituye la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, el cual ha demostrado la viabilidad jurídica y administrativa de establecer mecanismos públicos que condicionen determinados trámites y permisos al cumplimiento de responsabilidades familiares.
Con la implementación del Registro Estatal de Violentadores Vicarios, subraya el documento, el Estado de México no solo cumpliría con los compromisos adquiridos a nivel internacional y nacional, sino que también reafirmaría su compromiso con la justicia, la transparencia y la reparación del daño.
Refiere que este instrumento no busca establecer una sanción adicional, sino garantizar la efectividad de los mecanismos de protección existentes, promover la no repetición de actos de violencia y enviar un mensaje claro de que ninguna forma de agresión, directa o indirecta, quedará impune.
Cabe señalar que, el pasado 4 de marzo, el Congreso mexiquense estableció penas de hasta ocho años de prisión para quien, con la intención de dañar a una mujer, utilice como medio a sus hijas, hijos, familiares o personas cercanas mediante amenazas u otras conductas, lo que se conoce como violencia vicaria. Además, los responsables estarán sujetos a sanciones económicas, perderán la patria potestad y deberán recibir tratamiento psicológico, psicoterapéutico, psiquiátrico o reeducativo.
La legisladora reconoció el trabajo de las colectivas, activistas y madres por alzar la voz para visibilizar este tipo de violencia, en cuyo combate, subrayó, se trabaja con contundencia en el Estado de México.
