Universidades “patito”

En México, los mecanismos oficiales que regulan la educación superior privada son muy flexibles, de tal suerte que existen una gran diversidad de instituciones de educación superior privadas (IESP): por un lado, se encuentran instituciones que cumplen con los requerimientos para brindar una verdadera formación profesional, tales como: amplia oferta de licenciaturas en distintos campos del conocimiento, instalaciones adecuadas, planta docente de tiempo completo con una alta formación, desarrollo de la investigación y difusión de la cultura; por otro lado, hay instituciones que apenas logran las exigencias mínimas, entre ellas tenemos IESP que sólo cuentan con licenciaturas que abarcan una o dos áreas de conocimiento, carecen de profesores de tiempo completo, no cuentan con la infraestructura necesaria y no desarrollan investigación ni promueven la cultura (Silas, 2005 y Mendoza, 2004, citado en Cuevas et. al., 2011).

Las llamadas escuelas “patito” viven un boom en México. Cada año se revocan en promedio 1,180 programas de licenciatura, pero aparecen 2 mil más que generalmente son planes con escasa calidad académica. En la mayoría de los casos, las escuelas “patito” se enfocan en áreas específicas, que tienen alta demanda, pero no abarcan un amplio campo de temas que necesitará saber el alumno al término de sus estudios. Además, ofertan carreras cuya práctica no requiere una fuerte inversión en laboratorios, como es contabilidad, administración, pedagogía y derecho (Vargas, 2013).

Sin embargo, el “éxito” de este tipo de escuelas se explica —en gran medida— por el rechazo que tienen Universidades Públicas Estatales y de gran renombre como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para tener una idea, en el ciclo escolar 2025-2026, la máxima casa de estudios contó con 201 mil 512 aspirantes, pero sólo 9.7% logró obtener un lugar, ya que, de acuerdo con las cifras de la universidad, se aceptó a 48 mil 560 alumnos en alguna de sus 133 carreras. Cabe señalar que 29 mil entran por pase reglamentado de sus 9 preparatorias y cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), por lo que menos de 20 mil ingresan mediante examen de admisión (La Jornada, 2025).

Asimismo, las estadísticas de la Dirección General de Administración Escolar muestran que en 2020, la UNAM recibió a 54 mil 364 alumnos, una cantidad que ha disminuido de forma sostenida: en 2021 aceptó a 52 mil 538; en 2022, a 50 mil 245; en 2023, 49 mil 74, y en 2024, 48 mil 503.

La sobrevaloración social del título universitario ha generado la idea de que quien no cursa una licenciatura está condenado al fracaso o bien, a una vida con menores oportunidades. Durante décadas se ha transmitido a las familias la convicción de que la universidad representa la única vía legítima para alcanzar movilidad social, estabilidad económica y reconocimiento. Como consecuencia, miles de jóvenes orientan sus aspiraciones hacia ese único destino, mientras las carreras técnicas, la formación para el trabajo, los oficios especializados e incluso el emprendimiento permanecen relegados.

El problema es que las expectativas sociales crecen mucho más rápido que la capacidad de las instituciones públicas para absorber la demanda. Cada ciclo escolar, miles de jóvenes quedan fuera de las universidades de mayor prestigio. En ese vacío florece un mercado educativo que promete títulos accesibles, horarios flexibles y procesos de admisión automáticos. Es así como detrás de cada inscripción hay padres y madres que realizan enormes sacrificios económicos con la esperanza de que su hija o hijo sea el primer profesionista de la familia y sus oportunidades de vida mejoren.

Por tanto, la discusión no debería centrarse exclusivamente en señalar a las universidades de dudosa calidad. Hacerlo sería atender el efecto y no las causas. La pregunta central es por qué existe una demanda tan grande por un modelo educativo que no siempre garantiza empleo, ingresos dignos ni movilidad social. También habría que preguntarnos por qué seguimos formando profesionales para mercados laborales saturados mientras sectores productivos enteros enfrentan escasez de técnicos especializados. Países con sistemas educativos más equilibrados han entendido que el desarrollo económico requiere tanto ingenieros como técnicos, tanto investigadores como especialistas en oficios altamente calificados.

Mientras sigamos midiendo el valor de una persona por el título que porta y no por las competencias que desarrolla, seguiremos alimentando un sistema que genera frustración, endeudamiento, subempleo y oportunidades desiguales. La discusión rebasa a las universidades públicas y privadas; obliga a cuestionar la forma en que entendemos el éxito, el trabajo y la educación en nuestro país.

Al final, las universidades “patito” no son el problema: son apenas la punta del iceberg de un sistema que confunde educación con credencialización, que convirtió la educación en un negocio, el título en mercancía y las aspiraciones y sueños de millones de jóvenes en una oportunidad de negocio.