Busca Francisco Vázquez armonizar la legislación estatal con la reforma judicial federal
- Ventura Rojas Garfias
- 6 julio, 2026
- Estado de México
- EdoMéx, Francisco Vázquez, Legislación, Reforma Judicial, Toluca
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Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México, José Francisco Vázquez Rodríguez, remitió a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma constitucional para armonizar la legislación estatal con la reforma judicial federal, la cual plantea que la renovación total del Poder Judicial mexiquense concluya mediante la elección judicial de 2028.
La propuesta del morenista, establece que los cargos de personas juzgadoras que no fueron renovados en el proceso de 2025, así como las vacantes, se elegirán en 2028, de manera concurrente con la elección judicial federal.
Entre los principales cambios, contempla la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargada de homologar criterios de selección, verificar requisitos y coordinar los procesos de evaluación de aspirantes.
Asimismo, que el IEEM generaría una lista de candidaturas por especialidad en cada ámbito territorial electoral donde distinga el poder postulante y el género.
Y propone dividir el estado en regiones y distritos judiciales electorales para la organización de los comicios, rediseñar las boletas para identificar la especialidad jurisdiccional, el poder postulante y si la candidatura corresponde a una persona juzgadora en funciones.
La iniciativa también fortalece las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial en materia de evaluación, capacitación y actualización permanente de las personas juzgadoras, además de establecer nuevas reglas para cubrir vacantes, licencias y postulaciones.
De aprobarse, las personas electas en la elección judicial de 2028 rendirán protesta el 5 de septiembre de ese año y ejercerán un periodo de ocho años, que concluirá en 2036. El Congreso local deberá adecuar la legislación secundaria en un plazo de 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma.
