De la nueva reforma electoral

Por Julián Chávez

A mitad de la semana

Con los señalamientos que se han expresado en el marco de los convenios de colaboración y cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, donde por primera vez se señala a un gobernador estatal en funciones, el dogma de los abrazos y no balazos parece seguir llevándose al pie de la letra.

Los representantes legislativos de MORENA vuelven a tocar la Ley Electoral, ahora para, según ellos, fortalecerla mediante la creación de un comité que ponga especial énfasis en dos de los grandes temas políticos que aquejan al escenario mexicano: la injerencia extranjera y la influencia del narcotráfico en las elecciones.

Uno pensaría que, al tratarse de los dos asuntos mediáticos más importantes del momento, la reforma castigaría con la misma severidad tanto la intervención de un país extranjero en los procesos electorales como el financiamiento de un candidato por parte del crimen organizado. Pero no. La reforma establece, de manera preventiva y no correctiva, es decir, sin sanción alguna, que será confidencial la información relacionada con posibles vínculos entre un candidato y grupos criminales; mientras que, por otra parte, impone la máxima sanción en casos de influencia extranjera en las elecciones: la anulación de los comicios.

La contradicción resulta difícil de ignorar. Mientras el discurso oficial insiste en que la principal amenaza para la soberanía nacional proviene del extranjero, la realidad cotidiana muestra que buena parte de los problemas de seguridad, violencia e incluso control territorial tienen origen dentro de nuestras propias fronteras. Si el objetivo de una reforma electoral es blindar la democracia, parecería lógico que las medidas más severas estuvieran dirigidas precisamente contra quienes buscan capturar las instituciones mediante el miedo, el dinero ilícito o la intimidación. Sin embargo, la propuesta parece enviar un mensaje distinto: la sospecha de vínculos criminales será tratada con discreción, mientras que cualquier señalamiento de influencia extranjera podría convertirse en motivo para invalidar una elección completa.

Más allá de las filias y fobias partidistas, la pregunta que queda en el aire es si estamos construyendo una legislación para resolver problemas reales o para reforzar narrativas políticas. La democracia mexicana no se fortalecerá ocultando información a los ciudadanos ni estableciendo distintos niveles de gravedad para amenazas que afectan por igual la libertad del voto. Si de verdad queremos elecciones limpias, transparentes y legítimas, la vara debe medir igual para todos. Porque una democracia que castiga con firmeza las influencias externas, pero que trata con cautela las internas cuando provienen del crimen organizado, corre el riesgo de proteger más la imagen del poder que la voluntad de los ciudadanos.