Gobierno Federal da postura sobre acusaciones de narcotráfico a Rocha Moya y funcionarios

Ciudad de México. – El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que analizará la evidencia enviada antes de determinar si procede legalmente en México, incluida una posible extradición.

En un comunicado del embajador Ronald Johnson, informó sobre la rendición de cuentas para la seguridad de México y EE. UU..

 “La Embajada de los Estados Unidos en México toma nota de la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha y otras personas. Combatir la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México. Nuestros países se han comprometido a fortalecer la transparencia, hacer cumplir las leyes anticorrupción y defender el Estado de derecho. Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”.

“Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas, fortalecer las instituciones y promover la seguridad y la prosperidad de nuestros pueblos. Mantenemos nuestro compromiso con una relación basada en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho. Si bien no podemos comentar sobre los hechos específicos de estas imputaciones y el proceso legal deberá seguir su curso, hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos”, refiere.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió una investigación para evaluar la información proporcionada por autoridades estadounidenses, luego de que se presentaran acusaciones contra el mandatario estatal y miembros de su administración por supuesta colaboración con el crimen organizado.

El vocero de la institución, señaló que se revisará la documentación para establecer si existen datos de prueba suficientes que permitan iniciar acciones legales en territorio nacional. Subrayó que cualquier decisión se tomará conforme a la legislación mexicana y con base en evidencia sólida.

En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, mismas que fueron turnadas a la FGR para su análisis. No obstante, autoridades mexicanas indicaron que, hasta el momento, la información enviada por Estados Unidos no cumple plenamente con los requisitos legales ni contiene pruebas concluyentes.

De acuerdo con las acusaciones presentadas en Estados Unidos, Rocha Moya y los otros nueve funcionarios acusados habrían participado en una red de colaboración con el narcotráfico, facilitando el trasiego de drogas a cambio de sobornos y apoyo político. Los cargos incluyen conspiración, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Entre los señalados se encuentran funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

El proceso de extradición no es automático, los especialistas señalan que primero deberá existir una investigación sólida en México, la validación de un juez y, en el caso de un gobernador en funciones, la posible activación de mecanismos políticos como el desafuero.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como falsas, asegurando que no existe fundamento en su contra y publicó en su red social oficial de X: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.

Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa.

Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable.

A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”, afirmó el mandatario Rocha Moya.

El vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, afirmó que la solicitud presentada por Estados Unidos para proceder contra el gobernador Rubén Rocha Moya no está acompañada de pruebas suficientes, por lo que no puede derivar en acciones inmediatas. Subrayó que la eventual extradición solo será viable si existen elementos legales sólidos acreditados en México, tras una investigación propia de la FGR, la cual ya fue iniciada y cuestionó la difusión pública del caso al señalar que este tipo de procedimientos deben mantenerse bajo estricta confidencialidad, y advirtió que, al tratarse de un mandatario en funciones, cualquier avance legal requeriría además un proceso de desafuero previo conforme a la legislación mexicana.

Hasta el momento, el proceso se mantiene en una etapa inicial de revisión jurídica, mientras el gobierno mexicano insiste en que cualquier acción dependerá exclusivamente de las pruebas que se logren acreditar.

El caso ha generado tensión diplomática entre ambos países y presión política a nivel nacional. La controversia se intensifica debido a que apenas el pasado 16 de abril, el gobernador había informado sobre el respaldo del Gabinete de Seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, para reforzar la seguridad en Sinaloa.

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