Atiende CODHEM más de mil 400 quejas y brinda 4,600 servicios a la ciudadanía

Toluca, Méx.- Con el objetivo de proteger los derechos humanos de la población mexiquense y de quienes transitan por su territorio, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), ha iniciado un total de 1,404 expedientes de queja en lo que va del año, además de brindar 4,655 servicios a la ciudadanía.

El organismo defensor informó que, del 1 de enero al 13 de abril de 2026, los servicios más demandados por las personas han sido la orientación, con 2,831 y la información, con 800 acciones, además de que se han canalizado 283 asuntos a otras instancias para una atención integral a quienes se acercan a la CODHEM.

De igual manera, se gestionaron 267 asuntos para solicitar ayuda inmediata y resolver problemáticas concretas de presuntas violaciones no graves a derechos humanos, logrando facilitar soluciones prontas para las personas afectadas y se han favorecido los medios alternativos de resolución de conflictos con autoridades estatales y municipales, como es el caso de la mediación, con 17 expedientes resueltos y la conciliación, con 36.

Otros servicios otorgados en lo que va del 2026, son 169 remisiones de expedientes para su resolución en otras instituciones; y la solicitud de 291 medidas cautelares con el propósito de evitar que se sigan vulnerando derechos en diversos temas, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Con referencia a las quejas, el organismo indicó que han sido 1,404 las iniciadas en el año, de las cuales, 310 corresponden a ayuntamientos; 349 a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; 270 al sector educativo; 211 a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; y 119 a las autoridades de salud; entre otras.

Finalmente, los derechos con mayor número de señalamientos por presuntas violaciones en el año, han sido el derecho a la debida diligencia, es decir, garantizar la máxima eficiencia, celeridad y cuidado en las actuaciones de las personas servidoras públicas; seguido del derecho a una educación libre de violencia; y el derecho a la fundamentación y motivación, éste último, en el cual las autoridades deben explicar y justificar las razones por las que llevan a cabo sus acciones y el fundamento legal de las mismas.

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