ONU enciende alerta internacional por delitos de lesa humanidad en México

Ginebra, Suiza. – Desde Ginebra, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, solicitó a la Organización de las Naciones Unidas, que contemple un plan destinado a acciones para apoyar al Gobierno mexicano hacia prevención, indagación y eliminación de este delito perpetrado a tales niveles que podría ser considerado como crimen de lesa humanidad.

El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, declaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en altas esferas del Gobierno, lo que en realidad importa es la magnitud de ello, el patrón de ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil.

El comité citó como muestra de gravedad de la situación el continuo hallazgo de fosas clandestinas en México, con más de 6,200 cadáveres encontrados y cerca de 76,000 restos humanos, que en su mayoría no están identificados, a pesar de las medidas adoptadas a partir de que miembros del comité, visitara México en 2021 y afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, que la situación no ha mostrado mejora sustancial y lo lamentó añadiendo que, autoridades siguen desbordadas por la magnitud de esta crisis y continúan siendo urgentes las reformas estructurales para prevenir desapariciones.

Indicó que dentro de las desapariciones, se producen en el contexto de la guerra contra las drogas a nivel nacional, sin indicios de política federal para cometer desapariciones forzadas, con sospechas de que muchas son perpetradas por grupos delictivos, expertos advirtieron que, algunos casos denunciados, apuntan a la posible participación de funcionarios públicos o por lo menos se ha revelado en las mismas apoyo o aquiescencia.

La ONG encargada de ello, I(dh)eas, denunció fallas graves con la búsqueda y protección a víctimas y familias, señala que México acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, el 38% del total global, sólo en 5 meses más recientes de septiembre de 2025 a febrero de 2026, sumó 40 solicitudes, más de un tercio del total mundial del periodo, resaltando que Irak es el segundo país más señalado, después de México con 669 casos, por lo que el incremento en México llevó a la organización a pedir que la ONU publique la versión completa del informe para transparentar cifras y advertir sobre el deterioro de la situación y reconoció que el Estado mexicano señaló fallas continuas en la implementación, entre estas, la ausencia de planes integrales de búsqueda, demoras en diligencias esenciales, como el análisis de videovigilancia y telefonía, investigaciones insuficientes de la posible participación de agentes estatales y protección inadecuada para familiares y personas buscadoras.

Informe que documenta casos de represalias durante procesos de búsqueda, como la desaparición de un padre que denunciaba la implicación de agentes de seguridad en la privación de libertad de su hijo en Guanajuato y se hizo la advertencia, que la acumulación de casos y la falta de resultados pueden influir en la eventual aplicación del artículo 34 de la Convención, que permitiría al Comité iniciar una investigación internacional ante indicios de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y remitir el caso a la Asamblea General de la ONU.

Los Estados de la República en donde se han concentrado personas desaparecidas registradas son: el 30% de nuevas acciones urgentes en Chiapas, sobre todo desapariciones colectivas de personas migrantes ocurridas en octubre y diciembre de 2024, Jalisco, el segundo estado más señalado, con casos donde presuntos agentes estatales o personas que se hicieron pasar por ellos habrían detenido por la fuerza a varias víctimas, en Sinaloa, las desapariciones se relacionaron con disputas territoriales y la presencia de grupos criminales en zonas donde se ha documentado colusión con autoridades, en Baja California, Tamaulipas y Guanajuato, varios casos antiguos, de más de 8 años, no han registrado avances sustanciales, de las víctimas: 65% son varones o niños, 35% féminas o niñas y el 18% menores de edad; en los expedientes se incluye la desaparición de un familiar que participaba activamente en la búsqueda de otro desaparecido, estas cifras muestran la situación crítica y persistente que evidencia deficiencias estructurales del Estado mexicano en materia de búsqueda e investigación.

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