Empresarios de La Paz demandan congruencia al Tribunal Agrario

La Paz, Méx.- Tras 10 años de juicio, empresarios y ejidatarios del barrio de Tecamachalco siguen sin encontrar una solución clara al conflicto que los enfrenta, relacionado con la posesión de 1,094 hectáreas.  Los ejidatarios solo presentan un plano elaborado por la PGR que no tiene validez oficial en términos agrarios, lo que ha generado sospechas de tráfico de influencias y corrupción.

En este sentido se pronunció el inversionista Javier Cuéllar Romero, quien destacó que los magistrados del Tribunal Superior Agrario no han revisado adecuadamente las pruebas presentadas por el sector privado para demostrar que el municipio no es zona ejidal y que “nuestros predios no invaden tierras ejidales”.

“Todos los magistrados del TSA que han tomado conocimiento de este juicio nunca se han tomado la molestia de revisar bien las pruebas que presentamos”, declaró Cuéllar Romero. “Es un caso claro de tráfico de influencias y corrupción, así como económico, en el que los supuestos ejidatarios buscan extorsionar al gremio que da empleo a miles de familias”.

Las empresas enfrentan juicios en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Nezahualcóyotl, y los empresarios piden que el magistrado Miguel Ángel Silva Santillán actúe con ética, honestidad y ante todo con responsabilidad.

Cuéllar Romero puntualizó que los empresarios han acudido a las autoridades, incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría Agraria, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, e instancias como el Instituto Mexiquense de la Vivienda (IMEVIS), el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), las cuales se han quedado sorprendidos indicando cómo es posible  que con dos resoluciones a su favor, apareció “de pronto” un amparo en favor de los ejidatarios.

Es por ello, dijo, que con lupa van a revisar este asunto y no se va a permitir que se siga metiendo “mano negra” por parte de gente extraña, ya que es urgente poner fin a este conflicto que afecta el desarrollo económico del municipio y del estado.

“Ya basta de injusticias y burlas contra quienes damos empleo a miles de familias en la zona oriente del Estado de México”, declaró Cuéllar Romero. “Es hora de que se haga justicia y se castigue a quienes están detrás de este tráfico de influencias, así sean políticos, exfuncionarios o magistrados. La ley debe de ser pareja para todos y otorgar la razón a quien la tenga, pero con pruebas, no con planos comprados”, finalizó.

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