Peritaje independiente contradice versión oficial sobre asesinato del alcalde de Uruapan

Uruapan, Méx.- A más de mes y medio del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la versión oficial de la Fiscalía General del Estado de Michoacán volvió a ser cuestionada luego de que la defensa de los escoltas detenidos presentara un peritaje independiente que contradice la hipótesis de una presunta ejecución extrajudicial.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, durante el ataque ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan se realizaron siete disparos: seis habrían sido efectuados por el agresor y uno más por un escolta, quien presuntamente tomó el arma del atacante y lo ejecutó en el lugar. Esta narrativa sustentó la acusación de ejecución extrajudicial y una supuesta omisión del equipo de seguridad, lo que derivó en la detención de los escoltas.

Sin embargo, el abogado defensor Gustavo Carrión aseguró que, aunque sí se contabilizaron siete detonaciones, estas no provinieron de una sola arma. El peritaje privado señala que los proyectiles atribuidos al agresor eran de color plateado y con la leyenda “Luger Mon”, mientras que los casquillos correspondientes al escolta eran dorados y marcados con la leyenda “Águila”, lo que indicaría el uso de armas distintas.

El punto central de la controversia es el séptimo casquillo, identificado como indicio número 9. Según el expediente, la Fiscalía recuperó seis casquillos grises en el sitio donde el agresor disparó contra el alcalde. No obstante, el casquillo del disparo que causó la muerte del atacante fue localizado en una jardinera y es dorado, con la leyenda “Águila”.

El criminalista privado comparó las marcas microscópicas de las estrías que imprime el cañón de un arma en cada casquillo y concluyó que los seis casquillos grises corresponden a una pistola Pietro Beretta calibre 9 mm utilizada por el homicida, mientras que el casquillo dorado no coincide con esa arma.

Para la defensa, esta discrepancia balística desmantela la acusación de que el agresor fue ejecutado con su propia pistola. Carrión sostuvo que los escoltas actuaron en cumplimiento de su deber y únicamente para neutralizar el riesgo, lo que —afirmó— no constituye homicidio doloso ni ejecución extrajudicial. Además, rechazó que haya existido omisión durante el ataque.

Como parte de sus argumentos, la defensa señaló que una de las agentes resultó herida de bala en un brazo al intentar proteger al alcalde, hecho documentado en su expediente clínico y que, aseguran, demuestra una reacción inmediata ante la agresión. Añadieron que el ataque tuvo una duración aproximada de 1.5 segundos, lo que limitó cualquier margen de respuesta.

Pese a la evidencia presentada, el fiscal Carlos Torres reiteró su postura. En una rueda de prensa realizada el 28 de noviembre, afirmó: “Fue la misma arma. Ellos traen una prueba pericial, se respeta. Será el juez el que determine”. La Fiscalía sostiene que el disparo final se realizó con el arma del atacante, aunque reconoció que será la autoridad judicial quien valore las pruebas.

La defensa pidió al fiscal general de Michoacán que se hagan públicas las imágenes y los indicios balísticos recabados en la escena del crimen, para que la sociedad pueda constatar si existen coincidencias que respalden la versión oficial. En ese contexto, Carrión lanzó un reto directo: “Que científicamente salga a los medios y justifique por qué considera que sí es el arma”.

La teoría de “una sola arma” es el eje de la acusación contra los escoltas, quienes enfrentan penas de 20 a 50 años de prisión por presunto dolo, mientras el caso continúa generando debate jurídico y público en torno a la actuación de las autoridades y la validez de las pruebas periciales.

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