Gobierno de La Paz utiliza drones para desalojar predios

La Paz, Méx.- Empleados de Desarrollo Urbano y Protección Civil de esta localidad desalojaron a trabajadores del cementerio privado Jardín La Paz, argumentando que el inmueble “no cumple con la normatividad vigente en materia de Desarrollo Urbano”. Poco antes, a manera de intimidación, un dron sobrevoló el camposanto para intimidar a los empleados y a deudos que en ese momento acompañaban a un difunto a su última morada.

Por lo anterior, representantes legales de la empresa hicieron un llamado a la alcaldesa de este lugar, Martha Guerrero Sánchez, para que se ajuste a la legalidad y respete la propiedad privada, ya que, argumentaron los agraviados, están establecidos en este municipio desde hace 25 años y cuentan con la documentación oficial que avala su propiedad.

Según Arturo Arteaga, responsable de la seguridad interna del cementerio, el pasado 29 de abril, 9 notificadores de Protección Civil, acompañados de una patrulla del municipio, arribaron al inmueble y pretendieron entrar por la fuerza para desalojarlo. Para el efecto enviaron un dron “espía” a fin de identificar cuántos empleados laboraban en ese momento y de esta manera “cumplir la orden” de desalojo.

De acuerdo con el trabajador de Jardín La Paz, los empleados del gobierno jamás mostraron documentación que advirtiera sobre un posible desalojo o violación de la normatividad; simplemente llegaron hasta la reja de entrada y colocaron sellos de clausura, lo que generó temor entre los deudos de una persona fallecida que en ese momento daban el último adiós a su pariente.

El entrevistado manifestó que los burócratas de las dependencias mencionadas arribaron de manera prepotente y ordenando la salida de medio mundo, todo ello sin mostrar la orden de desalojo emitida por un juez. Su argumento era que se llevaban a cabo construcciones sin los permisos correspondientes.

Al respecto, señaló que aquí lo único que hay son fosas de sepulcro debidamente provisionadas ante las autoridades.

Destacó que los apoderados de la empresa ya interpusieron una queja legal contra los “invasores”, y que el delito, de acuerdo con los abogados, puede erigirse como allanamiento de morada por tratarse de una propiedad privada.  

El encargado de seguridad externó su preocupación por la suerte de los empleados, “pues aquí es conocida la violencia de la Policía y el abuso de poder que ejercen las autoridades de Morena”.

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