Estado o delincuencia organizada ¿Quién manda?

Terminar un año es cerrar un ciclo y comenzar otro, normalmente con la expectativa de que los 365 días que están por venir serán mejores, donde aquello que esta “mal” se puede corregir, situación que ansía la población de Sinaloa, toda vez que, desde el 9 de septiembre de 2024, los enfrentamientos entre grupos criminales y los actos delictivos se han agudizado. Extorciones, asesinatos, balaceras, “narco bloqueos”, desapariciones forzadas, quema de vehículos y negocios, es lo que la población quiere dejar atrás para este 2025.

A tan solo un día de terminar el año, es decir, el 30 de diciembre de 2024, la Fiscalía del Estado de Sinaloa tenía registro de más de mil homicidios dolosos, cifra que representa un aumento del 78.6% en la incidencia de este delito comparado con 2023, al pasar de 566 a mil 11 víctimas. De acuerdo con Josemiguel Souza de “El Sol de Sinaloa”, del 1 al 29 de diciembre se registraron 152 homicidios con violencia en diferentes puntos del Estado; siendo el 4 de diciembre uno de los días más violentos con 13 personas privadas de la vida en distintas partes del territorio. Tan solo el último día del año (31 de diciembre), la Fiscalía del Estado informó de 7 homicidios; 5 casos en Culiacán y 2 en Mazatlán.

En términos monetarios, la crisis de violencia que inició en septiembre concluye el año con pérdidas de alrededor de 18 mil millones de pesos, 25 mil empleos y por lo menos 5 mil negocios cerrados de acuerdo con la presidenta de la Coparmex en la entidad; Martha Reyes Zazueta. La líder empresarial señaló que, hasta la última semana del mes de diciembre, existía registro de por lo menos 76 cierres oficiales de negocios formales y la reducción de horarios de atención y operación de negocios de diferente giro. En cuanto a las clases, los primeros días se optó por la suspensión, algunas instituciones anunciaron clases en línea, otros, optaron por dejar de mandar a sus hijos a la escuela.

Por su parte, Lucia Mimiaga, integrante del Comité de Participación Anticorrupción de Sinaloa, comenta en entrevista (30 de diciembre) que, en tan solo 3 meses han sido desaparecidas de 500 a 600 personas con base en los colectivos de búsqueda. Se habla de secuestros, trabajo forzado y “ajuste de cuentas” entre grupos criminales. De las acciones que más han generado pánico en la población, se encuentra el apilamiento de cuerpos en las carreteras, lo que acrecienta el temor e incertidumbre de los sinaloenses quienes han optado por salir a lo estrictamente necesario.

En el mismo orden de ideas, el 27 de diciembre pasado, el gobierno de Coalcomán, municipio de Michoacán, atrajo los reflectores al verse envuelto en una polémica que vincula a la alcaldesa de Movimiento Ciudadano (MC); Anavel Ávila Castrejón, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después de darse a conocer un video donde se agradece al líder de la organización criminal y a otros de sus integrantes la donación de regalos. “Los niños de Coalcomán agradecemos al Sr. Nemesio Oseguera y a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos”, decía un cartel colocado en el mismo evento.

Se debe tener presente que no es la primera vez que la alcaldesa es vinculada a un grupo criminal. Durante la campaña, la denunciaron por presuntamente entregar juguetes con el sello de un gallo, imagen con la que se identifica al líder del CJNG. Este es el claro ejemplo de que la única forma en que el crimen organizado crezca es en complicidad con los diferentes órdenes de gobierno. Por lo anterior, es ingenuo pensar que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no sabe nada de lo que está pasando en el Estado que “cogobierna” con miembros del crimen organizado, quienes han puesto esta región “de cabeza” y parecen estar dispuestos a seguir con este tipo de enfrentamientos, aun cuando el Secretario de Seguridad a nivel Federal, Omar García Harfuch, permanece en la zona con el propósito (hasta ahora fallido), de recuperar la calma.

Lo peor de todo es que no solo es Sinaloa o Michoacán, la presencia de los grupos delincuenciales está presente en casi todos los rincones del país. Desde las grandes ciudades hasta los municipios más apartados donde la delincuencia controla la venta de ciertos productos, extorsiona, vende droga, recluta gente por la fuerza y el listado de actividades delictivas se vuelve interminable.

La pregunta es ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos y desaparecidos más tendremos que sufrir? El 2024 es uno de los años más críticos que se han vivido en la historia reciente en materia de seguridad. Nos estamos acostumbrando a salir a las calles con miedo, a tener gobernantes vinculados con grupos delincuenciales y en algunos lugares, a esperar más “apoyo” de los criminales que del propio Estado.

La delincuencia cada vez ocupa más espacios de representación bajo la bandera de los distintos partidos políticos, por lo que es urgente que las dirigencias e instituciones electorales implementen mayores filtros que impidan las postulaciones de aquellas y aquellos con posibles nexos criminales. Cada Estado tiene sus particularidades y tristemente en muchas zonas se conoce quienes son los que delinquen y si los gobiernos tienen conocimiento de ello. Bajo este esquema no solo debemos preguntarnos ¿Quién manda? Si no que nos espera de continuar así.