Piden ejidatarios a SCJN frenar presunta corrupción en regularización de terrenos

Toluca, Méx.- Ejidatarios de la delegación de San Mateo Oxtotitlán, piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para detener la corrupción que se realiza en la regularización de terrenos ejidales.

En conferencia de prensa, Juan Gabriel Jaimes Jaimes, representante legal del Ejido de la comunidad de San Mateo Oxtotitlán del municipio de Toluca, dijeron que debido a que los magistrados, José Antonio Rodríguez Rodríguez, Noé Adonaí Martínez Berman y Juan Carlos Ortega Castro del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito en Toluca, avalaron actos de corrupción de funcionarios de la extinta CORETT en una presunta regularización de terrenos ejidales.

Por lo que, los ejidatarios de San Mateo Oxtotitlán, interpusieron una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como una denuncia ante la Fiscalía General de la República, juicio político ante la Cámara de Diputados y pidieron que la Suprema Corte atraiga el caso, ya que el Poder Judicial de la Federación a través de los magistrados excedió sus funciones en beneficio de los defraudadores.

Asimismo, el representante legal aseguró que unos sujetos que laboraban en la extinta Reguladora de Tierra utilizaron empresas fantasma para beneficiarse de la supuesta asesoría a los pobladores.

“El asunto lleva casi 10 años y los afectados desean que ya concluya debido a que les solicitan una cantidad que no pueden pagar por unos ex trabajadores de CORETT que abusaron de su confianza, los ex funcionarios denunciados son Ricardo Loyola Cantú y Manuel Javier Arcos quienes fraguaron todo para hacer que el ejido de San Mateo Oxtotitlán se comprometiera con diversas personas morales ocasionando un desfalco a el Ejido por más de 40 millones de pesos”, explicó.

Aunado a que esos ex funcionarios crearon empresas fantasmas y a través de engaños hicieron que los ejidatarios firmaran documentos, con la promesa de que cambiarían el régimen de su tierra para que en menos tiempo pudieran obtener la escrituración y posesión de las mismas.

Finalmente, lo que los ejidatarios piden, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atraer el caso y resolver el fondo del asunto; lo mismo se solicitó a la Fiscalía General de la República por ser ésta la que tiene legitimación para hacerlo; además de que también se hizo del conocimiento a la Cámara de Diputados y al Presidente de la República.