SCJN invalida segunda parte del Plan B electoral

Ciudad de México.- Con una votación de mayoría de 9 contra 2, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del paquete de reformas que integraban la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Los votos en contra fueron de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz.

De esta manera, se aprobó el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek y el Máximo Tribunal resolvió que el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo durante la aprobación del paquete electoral.

“Resulta claro, evidente, que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”, señaló el ministro ponente, Javier Laynez Potisek.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del Plan B de la reforma electoral solamente por vicios legislativos, resta credibilidad a la Suprema Corte, que se enfoca cada vez más en este tipo de “exámenes superficiales”.

El pasado 2 de marzo se publicaron las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora, se resolvió que, además, el proceso de legislación de este paquete cometió acciones más graves, como modificar o eliminar textos que ya se habían aprobado.

No hubo consulta a grupos vulnerables, comunidades indígenas y afromexicanas, lo que tendrá que corregir el Congreso de la Unión.

En tanto, el pasado 8 de mayo el Pleno de la Corte, declaró la invalidez de la primera parte del Plan B, declarando inconstitucional la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

De esta forma, el proceso electoral de 2024 se realizará con las leyes electorales vigentes desde 2014, es decir, no tendrá afectaciones a los procesos y a la estructura del Instituto Nacional Electoral.