Impunidad chiquita

El triunfo de López Obrador en 2018, indiscutiblemente tienen que ver con el hartazgo de la gente hacia gobiernos corruptos que se dedicaron a saquear de manera descarada las arcas del Estado y lucrar con la necesidad de los más pobres. El lema de este gobierno ha sido una 4ta transformación en la que una de las principales banderas es el combate a la corrupción y la impunidad, pero una cosa es repetirlo casi a diario en las conferencias matutinas, y otra cosa es lo que está sucediendo en la realidad.

Los gobiernos de izquierda tienen premisas básicas como el bien común mediante la protección de los sectores más desfavorecidos con miras a garantizar un equilibrio social que permita frenar la oprobiosa desigualdad en la que vivimos, pues no es normal que exista un puñado de personas que lo tienen todo, y otros —la inmensa mayoría— que han hecho de la sobrevivencia una forma de vida.

En este escenario, es preciso hablar del desvío de recursos a través del organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), creado en el año 2019 para procurar que la población con menos ingresos obtuviera alimentos de buena calidad nutricional a precios accesibles a través de cuatro granos básicos: maíz, arroz, trigo y frijol.

De igual manera promovería la producción, acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos saludables básicos, de leche y sus derivados, así como la venta, distribución e importación de fertilizantes y semillas mejoradas con el propósito de apoyar a pequeños y medianos productores para la creación de empresas propias. Segalmex también es, o sería la responsable de dar continuidad a la coordinación de las actividades de DICONSA (empresa estatal que abastece productos básicos a localidades rurales) y LICONSA (empresa estatal que industrializa leche y la comercializa a precios bajos), no obstante, esto no se cumplió y la consigna de “primero los pobres”, está en el aire, ya que en los últimos días se ha dado a conocer un desfalco de más de 15 mil millones de pesos por compras fraudulentas de carnes y azúcar, entre otros productos.

La historia se repite una vez más, pues lo que se supone que sería un apoyo para la gente de bajos ingresos, se convirtió en el mecanismo perfecto para que un grupo de funcionarios públicos corruptos se beneficiaran.

Cabe señalar que la Auditoría Superior de la Federación, dio a conocer ciertas irregularidades en las cuentas de 2019 de Segalmex (es decir, en el año de su creación), pero fue hasta 2022 que, en medio del escándalo por malos manejos y presuntos casos de corrupción, el tema llegó hasta la Fiscalía General de la República (FGR), y el titular —Ignacio Ovalle Fernández— dejó la dirección del organismo, lo cual era entendible y debió hacerlo desde antes. Lo que no resulta entendible es, que con tantas dudas sobre manejo de recursos el presidente lo premiara al nombrarlo coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación (Segob).

El pasado 13 de marzo, López Obrador anunció en conferencia de prensa que “no habrá impunidad” en el caso Segalmex ¿y entonces? Por qué permitir que Ovalle Fernández siga siendo parte del gobierno federal. AMLO ha declarado: “no somos iguales”,” no permitimos que se robe el dinero”, y “no permitimos que nadie abuse de su cargo”. Pero entonces, por qué no brindar un ejemplo de esta narrativa de un gobierno distinto que no permite la corrupción y la impunidad destituyendo del cargo a Ignacio Ovalle hasta que se pruebe que no tuvo nada que ver con el caso Segalmex —aunque el presidente menciona que lo engañaron— por lo cual, lo mejor que se puede hacer es aclarar el tema, limpiar su reputación y demostrar su inocencia, si es el caso.

Mirando al pasado como le gusta al presidente, Ovalle Fernández tiene orígenes priistas que datan del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, de manera posterior fue secretario particular de Luis Echeverría Álvarez, y luego secretario de la Presidencia de la República. Con José López Portillo fue director general del Instituto Nacional Indigenista y coordinador del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), etapa en la que López Obrador ocupó la representación de esos programas en Tabasco.

Con Miguel de la Madrid estuvo fuera del país como embajador y fue con Carlos Salinas de Gortari cuando regresó como director de Conasupo (después LICONSA), teniendo como colaborador cercano nada más y nada menos que a Raúl Salinas de Gortari, quien durante el gobierno de su hermano se dedicó a realizar unas tranzas monumentales que fueron de dominio público y seguramente Ignacio Ovalle, tampoco se enteró; lo engañaron.

En que son distintos los gobiernos de antes y el de ahora, en que se pueden diferenciar cuando hay un recicle de políticos que aun con antecedentes poco gratos, se les da cabida en la 4T. No existe congruencia en señalar de manera incisiva los casos de corrupción cuándo son de los “adversarios” del presidente como él los llama, y pretender minimizar o pasar por alto cuando son de su círculo cercano. Lo más vil que pueden hacer los políticos y funcionarios públicos es robarse el dinero de los que menos tienen, de la gente pobre. La corrupción venga de quien venga se debe castigar conforme a la ley, no hay ni habrá corrupción o impunidad chiquita solo por venir de la 4T.