El Estado como auténtico garante de la correcta alimentación de sus ciudadanos
Por: Jesús Humberto López Aguilar
La Carta Magna establece el derecho a la alimentación en su artículo 4º, expresando que toda persona tiene derecho a la alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad. Lamentablemente, no existe una ley reglamentaria que haga que, en la práctica, el derecho se ejerza plenamente. Poco se habla últimamente de los nulos esfuerzos que han hecho los gobiernos pasados, y el presente, para garantizar este derecho. La salud, que es otro de los derechos básicos que establece nuestra Constitución, ha sido más relevante para la opinión pública por la cancelación del Seguro Popular, cuyo principal objetivo era atender a los ciudadanos sin seguridad social, es decir, aquellos que no formaran parte de un segmento de la población, que por su condición de empleo o por quien es su empleador, son atendidos por una institución de gobierno incorporada al Sistema Nacional de Salud, ya sea el IMSS, Sedena, ISSSTE, Pemex y estatal, como el caso del ISSEMyM en el Estado de México. La cuestión es que una alimentación de calidad debe de ir antes de cualquier otro derecho, ya que es vital para que cada individuo, en su condición de ser humano, satisfaga sus necesidades fisiológicas más básicas y que con esto, no desarrolle enfermedades crónicas en el largo plazo que requieran de una atención medica constante, aligerando la carga del ya saturado sistema de salud pública mexicano.
La paradoja está en cómo México, siendo uno de los 12 países megadiversos del mundo, además de ser líder, junto a otros países latinoamericanos, en la exportación de frutas y hortalizas, tiene al 60% de sus habitantes sufriendo inseguridad alimentaria, según la última Encuesta de Salud y Nutrición (2021). El fenómeno de la globalización nos da una promesa de progreso, ofreciendo bienes de consumo y servicios al alcance de todos, sin embargo, esta narrativa no es más que un espejismo. A nivel local, es evidente que la zona de residencia, el ingreso, las condiciones de trabajo y de vivienda determinan las posibilidades reales de acceso a los alimentos. Parte de la respuesta yace en la priorización de los mercados externos, donde el gobierno favorece a las grandes empresas, que se encargan de satisfacer la demanda de estos mercados, y olvida a los pequeños productores, quienes proveen a las mesas mexicanas a precios mucho más accesibles que el de los supermercados de origen extranjero. Súmesele que a pesar de las ultimas crisis, el gobierno no ha elevado la cobertura de sus programas sociales ni ha creado otros nuevos, en los primeros tres años del presente sexenio, los programas existentes llegaron solo al 30% de los hogares, más grave aún, en 2020 únicamente el 38% hogares en condición de pobreza contaba con algún programa social.
El estado mexicano, como órgano encargado de velar por el bienestar de sus gobernados y en cumplimiento del pacto político-social que le confiere su poder, debe de trabajar a marchas forzadas para erradicar la inseguridad alimentaria. Como primer paso, debe de coadyuvar a cambiar nuestra cultura alimentaria, ya que esto requiere disposición por parte de todos. Deshomogeneizar nuestras dietas, aprovechando nuestras grandes riquezas agrícolas y eliminando nuestra dependencia de otros insumos importados, particularmente de algunos cereales básicos. La adopción del modelo que sugieren las Redes Alimentarias Agrícolas deberá ser el siguiente paso. Las RAA tienen como objetivo disminuir la distancia entre las zonas de producción y el consumidor final, además, se busca que los alimentos que se distribuyen por estos canales provengan de sistemas productivos con menos impactos ambientales y sociales. Después de la conformación de grupos interdisciplinarios que definan las zonas de producción, los recursos y el capital humano requerido, así como los canales de distribución para llevar los alimentos a cada hogar mexicano, sumado a las acciones recién mencionadas, el gobierno podrá estar un paso más cerca de eliminar la desigualdad en nuestra sociedad.
Para un tema tan delicado como este, se debe de dejar de pensar tan frívolamente, específicamente, en el aporte, positivo o negativo, que podrá o no tener la implementación de estas acciones en el PIB, por poner un ejemplo, el cual no es un indicador que refleje el nivel de vida de una persona común, sino más bien, un término macroeconómico muy general.
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