Necesario investigar la operación de los CUSAEM: Juárez

Toluca, Méx.- El diputado local, Ariel Juárez Rodríguez, urgió investigar al Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), que funciona como empresa privada a pesar de tener carácter público, para esclarecer bajo qué margen jurídico se encuentra regulado, así como su funcionamiento, fiscalización y rendición de cuentas.
En sesión, al presentarle punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Gobierno y al Titular de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, informen si el CUSAEM pertenece a la estructura gubernamental y de quién depende directamente. Sobre sus ingresos y egresos.
“Es alarmante, no poder ubicarla bajo ningún orden jurídico, es la falta de rendición de cuentas sobre el origen de los recursos y la forma en que son utilizados; ya que adquieren contratos multimillonarios y más aún si sus elementos vigilan autopistas, instalaciones nucleares e incluso prestan servicios tipo escolta en otros estados de la república, donde supuestamente quedarían sin jurisdicción”, señaló.
Indicó que existen registros que documenta la Dirección de Asuntos Jurídicos en el año 2016, que apuntan que el CUSAEM estaba integrado por personas que no tienen carácter de servidores públicos.
Ante ello piden a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaria de Gobierno a manifestarse al respecto, puesto que, en lo previsto en la Ley de Seguridad Privada para el Estado de México en su artículo 6º, es de absoluta competencia de esa dependencia otorgar autorización para prestar el servicio de seguridad privada en el estado, debiendo, haber obtenido autorización federal.
Denunció que, desde su creación en 1988, han operado sin regulación alguna; los cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México fueron creados para ofrecer servicios de vigilancia a las dependencias del sector público, aparentemente, en coordinación con las fuerzas de seguridad del gobierno estatal quienes le reconocían como un apoyo.
Señaló que unas de las irregularidades en que incurre este cuerpo de seguridad, es que no cuentan con un portal seguro, no pagan impuestos, ni ofrecen seguridad social a sus elementos, aunado a que no se les aplica la Ley de Transparencia, lo cual da pie a enriquecimiento ilícito. Tampoco se les aplican los estudios de carácter toxicológico y psicológico al personal.
Además, reveló, la Auditoría Superior de la Federación, tiene detectados dos contratos que suman más de 800 millones de pesos para resguardar las instalaciones de la Policía Federal contraídos en abril-mayo 2019.