Pide AMLO que jueces y magistrados corruptos sean inhabilitados

Ciudad de México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envió al senado una iniciativa para elevar las sanciones por corrupción dentro del Poder Judicial, que llegan hasta 20 años de inhabilitación para jueces y magistrados, así como reparación del daño por 130 millones de pesos para empresas privadas o el cierre de las mismas.
Las propuestas buscan reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial para actualizar también la causal de responsabilidad administrativa en los casos de acoso y hostigamiento sexual; prevén la suspensión del empleo, cargo o comisión, destitución, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios obras públicas en caso de la comisión de faltas graves.
También se sancionará con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo, estableciéndose como causa atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza y estos extiendan nombramientos a los cónyuges.
Mientras que en el caso de la comisión de faltas administrativas no graves, las sanciones consistirán en una amonestación privada o pública, suspensión del empleo, cargo o comisión e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Además, se impone un esquema de sanciones para personas físicas y morales que van desde la sanción económica, inhabilitación hasta por ocho años para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, indemnización por los daños o perjuicios ocasionados al patrimonio del Poder Judicial de la Federación o a la Hacienda Pública Federal.
El titular del ejecutivo Federal señaló, en su exposición de motivos que la iniciativa pretende mejorar el sistema de Justicia con pleno respeto a la división de poderes y a la independencia judicial.
La propuesta incluye también sanciones para las personas públicas e incluso para las empresas que se hubieran beneficiado con actos de corrupción a través de integrantes del poder judicial.