Senado aprueba Ley de Educación Superior

Ciudad de México.- Con modificaciones, el pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general y particular, el dictamen que expide la Ley General de Educación Superior y abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior que dispone la obligatoriedad de la educación superior y reitera la gratuidad de las universidades públicas.
Además, contempla que el Sistema Nacional de Educación Superior se integré por los subsistemas universitario, tecnológico, escuelas normales y formación docente, en sus diferentes modalidades.
La Ley se aprobó con 108 votos a favor. En la sesión presencial, el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Rubén Rocha explicó que se regula en tres subsistemas universidades, tecnológicos y normales.
Destacó que dicha Ley será un instrumento que permita elevar sus estándares de calidad, “van a ser reservas que mejoren la iniciativa”.
En tanto, de la comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve mencionó que se pide la exposición de una nueva ley en la que se desarrolla los principios del artículo tercero constitucional vigente respecto de la educación superior.
Agregó que se busca unificar las disposiciones en esta materia ya que con anterioridad se encontraban fragmentadas en diversas leyes lo que provocaba ineficacia en su aplicación, además de incongruencia y ambigüedades. Por lo tanto, las comisiones dictaminadoras, consideraron con regímenes expedir la ley porque así se responden a las necesidades de sectores.
Establece multa de 2 millones 605 mil 400 pesos y hasta la clausura del plantel para los centros educativos denominados como técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, que no cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios o su admisión a trámite ostentarlos sin haberlos recibido.
También se contempla como sanción la imposibilidad para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios hasta por un periodo de 5 años.
La ley considerará como infracción el condicionamiento de la prestación del servicio de educación a la contratación de servicios ajenos a la prestación del mismo.
Esta ley pretende contribuir con la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora, con un alto compromiso social.