ONG’s presentan iniciativa contra violencia de género

Ciudad de México.- Más de 20 organizaciones de 10 estados presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa Ciudadana feminista de reforma es en materia de órdenes de protección.
Fátima Gamboa, co-directora de Equis Justicia para las Mujeres señaló en conferencia de prensa virtual que la propuesta fue constituida con la participación de 22 ONG’s.
Además tuvieron asesoría de jueces y juezas, que a través de mesas de trabajo dieron sustento jurídico, técnico y constitucional a la propuesta. La argumentación fue constituida con los más altos estándares de protección de los derechos de las mujeres”.
Añadió que debido al aumento de la violencia de género por la pandemia adecuar las órdenes de protección es esencial y agregó que el informe protección judicial indica que durante la pandemia, 78% de los poderes judiciales no contemplaron las órdenes de protección en materia penal de manera explícita como parte de las funciones de impartición de justicia consideradas de urgencia.
El 81% de los poderes judiciales reprobaron en contemplar los mecanismos que tenían a su alcance para proteger a las mujeres en situación de violencia incluyendo a las órdenes de protección.
El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres indica que de cada 100 casos de violencia, únicamente se dictan 13 órdenes de protección.
En tanto, Marta Mercado del Colectivo de Mujeres para los Derechos Humanos, indicó que las órdenes de protección son un derecho y remarcó la necesidad de que sean definitivas, para que las mujeres no tengan que estarlas renovando.
La propuesta de reforma busca reconocer a las órdenes de protección como principales, autónomas y complementarias a otros mecanismos y considera que son un derecho humano de todas las mujeres y niñas, que no está sujeto a la presentación de una denuncia, querella o demanda.
Además, busca facultar a los jueces calificadores y de paz municipales y a las autoridades de los pueblos o comunidades indígenas para emitir órdenes de protección, al tratarse de las autoridades más cercanas a las mujeres.