Publicado en Estado de México

Piden diputados reforzar seguridad en el sur del EdoMéx

Martes, 14 Septiembre 2021 18:15 Escrito por 

Toluca, Méx.- Aprueban diputados y diputadas de la LXI el punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al titular del ejecutivo Federal y se refuerce la presencia de la Guardia Nacional en el sur del Estado de México, a fin de que haya seguridad en los trabajos de rehabilitación de los caminos en esa región.
El diputado Gerardo Lamas Pombo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura mexiquense, precisó que la inseguridad no es un tema de territorios ni de partidos, por lo que es urgente que las obras avancen ya que el retraso del programa de rehabilitación de caminos está afectando a más de 30 municipios mexiquenses y unos mil 600 kilómetros de caminos y carreteras.
Dijo que para dicho programa se destinaron 13 mil 600 millones de pesos, por lo que coincidió con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, en el sentido de que se tiene que echar a andar este programa para detener el atraso que sufre esta zona a causa del mal estado de caminos y carreteras, que contribuye al incremento de la seguridad.
Asimismo Lamas Pompo también solicitó que de los efectivos de la Guardia Nacional, se envíen, a algunos de ellos se comisionen para vigilar se cumplan los trabajos de rehabilitación de caminos.
Cabe mencionar que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, ha declarado que el crimen organizado ha frenado el proyecto para rehabilitar la red carretera del sur del Estado de México, la bancada del PAN reconoció que existe ingobernabilidad en esta zona y grave inseguridad y pidió que la Guardia Nacional intervenga para resguardar las obras y a los trabajadores.
Y que la Legislatura local aprobó hace más de año y medio, un presupuesto de 13 mil 629 millones de pesos para rehabilitar 1600 kilómetros de caminos en 30 municipios, en su mayoría gobernados por el PRI, pero las obras no han podido iniciar porque el inversionista ha recibido amenazas y presiones para el pago de cuotas, y el gobierno estatal no ha sido capaz de garantizar la seguridad en la zona.

de alguna persona detenida.