Publicado en Columnas

Lula da Silva y el uso político de la justicia

Miércoles, 10 Marzo 2021 20:25 Escrito por 

El pasado ocho de marzo el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió la absolución total del expresidente Brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de las tres sentencias por corrupción que habían condenado en suma al actor político a pasar en 29 años en prisión. Lo anterior, después de las acusaciones que el gobierno del expresidente Michel Temer, quien llegara a la presidencia después del impeachment en contra de la expresidenta Dilma Rousseff, cargos sustentados en presuntos actos de lavado de activos financieros de la empresa semi-estatal Petrobras a través de la empresa Odebrecht, operación que recibió el nombre de Lava Jato, acción que ha tenido repercusiones jurídico – políticas en otras naciones como Perú, Panamá y México.
En este sentido, a partir de su condena en 2017 Lula da Silva pasó 580 días en la cárcel, reclusión que desde el primer momento el expresidente acusó de injusta, así como de ser un artilugio jurídico para cerrarle el paso a él y demás actores políticos del Partido de los Trabajadores, que llevara a la presidencia a él y a Dilma Rousseff. Destacado de igual forma, que durante su estadía en la cárcel de Curiba tanto Lula como seguidores acusaron de que el proceso en contra del ex líder sindical y presidente tuvo connotaciones políticas para cerrarle el paso para poder contener nuevamente por la presidencia en 2019.
Bajo este orden de ideas, la resolución del máximo tribunal brasileño que deja sin efectos las diversas condenas contra el presidente restituye también los derechos político – electorales del exmandatario, quien desde su excarcelación ha manifestado su interés de volver a la vida pública de Brasil, luchar contra el gobierno de Jair Bolsonaro actual presidente brasileño y volver a presentarse como candidato por el Partido de los Trabajadores el próximo 2022, consagrándose como representante de uno de los mayores movimientos sociales de la izquierda brasileña y latinoamericana.
En otro tenor, la mayoría de los sistemas constitucionales ya sea republicanos, o bien, las monarquías parlamentarias, establecen un sistema de pesos y contrapesos entre órganos del Estado, lo cual faculta a los órganos Legislativo y Judicial, respectivamente, para ejercer atribuciones materialmente jurisdiccionales, tal es el caso del juicio político o impeachment, la declaración de procedencia, el procedimiento de responsabilidad administrativa y el procesamiento judicial civil o penal en contra de ex gobernantes.
No obstante, si bien es cierto, estas atribuciones constituyen mecanismos de control constitucional o de legalidad, también es cierto que en la actualidad parecieran haberse convertido en una maquinaria jurídica e institucional para la lucha por el poder político en el mundo y México no ha sido la excepción, ya que constantemente hemos visto procesos en contra de políticos de los que no se han escapado el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su declaración de procedencia (conocido también como desafuero), así como los recientes procesos de impeachment en contra del expresidente Donald Trump, así como de exlegisladores, exgobernadores y expresidentes como Martín Alberto Vizcarra en el Perú o el proceso enfrentados por el expresidente boliviano Evo Morales por supuesto fraude electoral, contra Rafael Correa en 2020 que le impidió aspirar a la Vicepresidencia de Ecuador o el proceso en 2015 contra la hoy Vicepresidenta argentina Cristiana Fernández, destacando que este uso político de la justicia es conocido con vocablo inglés “Lawfare”.
A manera de explicación el Lawfare es la guerra jurídica o judicial en contra de actores políticos mediante la utilización de procedimientos que aunque legales pueden ser herramientas para generar repudio público en contra del procesado, teniendo como finalidad minar cualquier aspiración política o electoral del denunciado, sometiéndolo a un proceso judicial que eliminé sus aspiraciones, suspenda o límite sus derechos político – electorales o dilate el ejercicio de estos últimos.
Este uso político de la justicia, se ha convertido en un mal necesario, toda vez que aunque se fundamenta en la aspiración democrática para evitar abusos, también es cierto que se ha convertido en el refugio de fuerzas políticas opositoras para tratar de menoscabar la imagen y participación de líderes sociales que consideran nocivos para una parte del establishment político en turno, así como para sus intereses.
En este entendido, la judialización de la política como han sostenido tratadistas de como el italiano Paolo Grossi o Joseph Raz, es una tarea que puede conducir al caos social, ya que la ley es un elemento normativo del Estado (como puede ser la costumbre, la doctrina o la jurisprudencia), misma que da vida al poder público, pero la ley no puede ser el discurso “normativo” proveniente de un juez para desplazar al propio poder público, si no media de por medio la voluntad popular sustentada en el principio de representación política, que aunque nos guste o no, si fue creado para ello.
Finalmente, este fallido proceso en contra de Lula da Silva lejos de desvirtuarlo, lo fortalece y seguramente lo catapultará hacia una contienda que lo pondrá como mártir político como sucediera en su momento con Nelson Mandela o Lech Walesa.
Twitter: @EdgarMaPe

 

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