Un examen a la división de poderes
Por: Jesús Humberto López Aguilar
La doctrina constitucional se asienta sobre la propuesta de Montesquieu de separación de poderes, más específicamente, en los tres, que ya son bien conocidos por las sociedades occidentales: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El objetivo del jurista francés no era otro más que el ejercicio del poder pudiera ser controlado y limitado, dos pilares centrales sobre los que debe descansar la legitimidad del Estado.
El poder legislativo se encarga de crear o reformar las leyes que regulan al país. El poder judicial tiene la misión de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes en general, además de impartir justicia, como garante del Estado de Derecho. El poder ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar un proyecto de nación, además de dirigir la esfera administrativa. Las reflexiones del filósofo de la Ilustración dejaron de lado un aspecto básico de la gobernanza de un Estado, y es precisamente este último, la administración. La enorme cantidad de funciones que hoy en día son asignadas al sector público, no están clasificadas en esta tripartición de poderes. En México, los poderes legislativo y judicial cumplen única y exclusivamente con lo que la teoría establece, sin embargo, al poder ejecutivo le son adjudicados aspectos críticos de la vida pública como la salud, la educación, la seguridad, la movilidad, la economía, la energía, entre otros. El poder ejecutivo tiene a su cargo 20 dependencias y 299 entidades de gobierno. Por otra parte, solo existen 9 órganos institucionales autónomos, entre los que están la Fiscalía General de la República, el Banco de México (cuyos titulares son nominados por el Presidente de la República), el INE y el INAI. Es decir, casi todos los aspectos de la vida diaria de un mexicano, están condicionados por las decisiones del titular del ejecutivo.
A mi parecer, estamos ante un absolutismo disfrazado de democracia. Los mexicanos elegimos por voto popular al Presidente de la República, y este designa, según sus deseos, intereses y conveniencias, a las cúpulas de las distintas administraciones. Un terreno más que propicio para que la plaga de la corrupción se expanda con extrema facilidad.
La designación del Banco de México como institución autónoma no fue fruto de la casualidad. Después de los desastrosos manejos de la economía por parte del gobierno central y con el objetivo de combatir la inflación, al Banco de México le fue dada total autonomía. Aunque, como fue mencionado previamente, el ejecutivo tiene cierta injerencia al designar a su gobernador.
Es de dominio público la forma en que los gobernantes usan todo el aparato del Estado para hostigar a sus opositores. Es a través de la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera, encontrando supuestas irregularidades y utilizando medidas cautelares como la prisión preventiva, como se consolidan venganzas políticas.
El camino que necesita tomar nuestro país es que las distintas dependencias deben de tener plena autonomía en sus funciones, el poder debe de limitarse y controlarse, no cabe duda, pero con la actual separación apenas si se cumple esta noción.
La especialización y el profesionalismo son claves para la gobernanza, sin embargo, el poder legislativo debe de estar exento del primero. La conformación de un parlamento interdisciplinario es necesario para una toma de decisiones acertada y objetiva. Este poder debe de mantenerse como eje central de los demás. Los otros deben cumplir con las funciones básicas del Estado, como lo es proveer universalmente servicios de salud y educación, así como velar por la economía, la recaudación de recursos, la seguridad, la impartición de justicia (como hoy lo hace el poder judicial), el desarrollo social, la producción de recursos, la infraestructura, el avance científico y demás.
Funciones vitales para la sociedad nunca deben de verse supeditadas, ni ocasionalmente olvidadas, por un gobierno central. Deben de ser ascendidas a nivel de poder, si pudiera seguírsele llamando de esa forma, para que el ejercicio de sus funciones pueda ser lo más eficiente y honesta posible, siempre en la mira de los otros poderes y de la propia sociedad.
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