¿POR QUÉ FRACASAN MUCHOS PROGRAMAS AMBIENTALES?

LA POLÍTICA SEXENAL CONTRA LA SOSTENIBILIDAD.

En México existe una paradoja que se repite una y otra vez. Cada cambio de gobierno llega acompañado de nuevos programas ambientales, estrategias innovadoras, planes de restauración ecológica, proyectos de saneamiento, campañas de reforestación y promesas para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, pocos años después, muchas de esas iniciativas desaparecen, cambian de nombre o simplemente quedan inconclusas para dar paso a una nueva agenda gubernamental.

El problema no suele ser la falta de diagnósticos ni la ausencia de buenas ideas. Lo que con frecuencia fracasa es la continuidad. La naturaleza no entiende de calendarios electorales. Los acuíferos tardan décadas en recuperarse, los bosques requieren generaciones para alcanzar su madurez, los ríos no se sanean en un trienio y la adaptación al cambio climático exige políticas sostenidas durante muchos años. Sin embargo, buena parte de las decisiones públicas continúan respondiendo a horizontes políticos de tres o seis años. Esta contradicción constituye uno de los mayores obstáculos para alcanzar un desarrollo verdaderamente sostenible.

Basta observar algunos de los grandes desafíos ambientales del país. La recuperación de una cuenca hidrológica requiere programas permanentes de conservación de suelos, reforestación, tratamiento de aguas residuales, control de descargas contaminantes y ordenamiento territorial. Ninguna de estas acciones produce resultados inmediatos. Sus beneficios comienzan a percibirse varios años después de iniciadas las intervenciones.

Lo mismo ocurre con la infraestructura hidráulica. La rehabilitación de redes de agua potable, la modernización de plantas de tratamiento o la construcción de sistemas de drenaje requieren planeación de largo plazo, inversiones constantes y mantenimiento permanente. Sin embargo, es frecuente que las prioridades cambien con cada administración, dejando obras inconclusas o proyectos que nunca alcanzan su verdadero potencial.

Una de las razones de esta situación radica en los incentivos propios de la política. Los gobiernos buscan mostrar resultados visibles durante su periodo de gestión. En consecuencia, suelen privilegiar obras nuevas o programas de alto impacto mediático sobre acciones cuyos beneficios serán apreciados muchos años después. Rehabilitar un colector sanitario, restaurar un humedal o fortalecer un programa de monitoreo ambiental difícilmente genera la misma atención pública que inaugurar una nueva vialidad o un edificio gubernamental. La política privilegia lo visible; la sostenibilidad exige invertir en lo permanente.

A ello se suma otro problema recurrente: el cambio constante de prioridades institucionales. Cada nueva administración suele diseñar su propio plan, modificar estructuras administrativas, sustituir equipos técnicos y redefinir objetivos. Aunque algunas transformaciones pueden ser necesarias, la falta de continuidad provoca que numerosos proyectos comiencen prácticamente desde cero cada pocos años. La pérdida de memoria institucional representa uno de los costos menos visibles de este fenómeno. Cuando cambian los equipos técnicos, también pueden perderse experiencias, bases de datos, estudios, metodologías y conocimientos acumulados durante años. La gestión ambiental deja entonces de construirse sobre aprendizajes previos y vuelve a recorrer caminos ya explorados.

En ocasiones, incluso los programas exitosos desaparecen simplemente porque fueron identificados con la administración anterior. La evaluación técnica queda desplazada por consideraciones políticas. El resultado es una especie de “reinvención permanente” que consume tiempo, recursos financieros y capacidades institucionales.

La gestión ambiental tampoco puede depender exclusivamente de la voluntad de un gobernante. Debe sustentarse en instituciones sólidas, marcos jurídicos estables, mecanismos de financiamiento permanentes y políticas públicas capaces de trascender los ciclos electorales.

Existen ejemplos internacionales que demuestran esta posibilidad. Diversos países han consolidado estrategias ambientales con metas de veinte, treinta o incluso cincuenta años, respaldadas por acuerdos legislativos e instituciones técnicas que permanecen independientemente de los cambios de gobierno. Esa continuidad ha permitido recuperar ríos contaminados, restaurar ecosistemas degradados y fortalecer la seguridad hídrica de sus ciudades.

México también cuenta con experiencias valiosas. Algunos programas de conservación forestal, manejo de áreas naturales protegidas y gestión de cuencas han logrado mantenerse gracias al trabajo coordinado entre comunidades, instituciones académicas, organizaciones civiles y autoridades de distintos niveles de gobierno. Estos casos demuestran que la continuidad es posible cuando existe una visión compartida.

Frente a los desafíos actuales, la necesidad de construir políticas de Estado resulta más evidente que nunca. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua y la degradación de los ecosistemas no distinguen entre administraciones municipales, estatales o federales. Son procesos acumulativos que requieren respuestas igualmente acumulativas.

La planeación de largo plazo debe dejar de verse como un ejercicio teórico para convertirse en un compromiso institucional. Los planes ambientales necesitan contar con indicadores verificables, mecanismos de evaluación periódica y esquemas de financiamiento que garanticen su permanencia más allá de los cambios políticos.

Asimismo, la participación ciudadana puede desempeñar un papel decisivo. Una sociedad informada y comprometida tiene la capacidad de exigir que los proyectos exitosos continúen y que las decisiones ambientales respondan a criterios técnicos antes que a intereses coyunturales. La vigilancia social constituye uno de los mejores mecanismos para proteger las políticas públicas de la volatilidad política.

La sostenibilidad, por definición, implica pensar en las generaciones futuras. Gobernar con esa perspectiva exige comprender que los mayores logros ambientales rara vez producen resultados inmediatos. Su verdadero valor se aprecia con el paso del tiempo.

Quizá ahí resida la principal diferencia entre la política y la gestión ambiental. Mientras la primera suele medirse por el próximo proceso electoral, la segunda se evalúa por la capacidad de conservar los recursos naturales para quienes aún no han nacido.

El verdadero desafío consiste en reconciliar ambos tiempos. Porque mientras las decisiones públicas continúen subordinadas a los calendarios políticos, la naturaleza seguirá recordándonos que sus ciclos son mucho más largos que cualquier periodo de gobierno. Y la sostenibilidad seguirá siendo una meta difícil de alcanzar si cada administración insiste en comenzar de nuevo en lugar de construir sobre lo ya logrado.

PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE

¿Recuerdas las propuestas de los candidatos en materia ambiental? Te invito a revisar sus redes sociales y noticias de sus campañas para verificar su cumplimiento. Recuerden #SalvemosOjuelos.

Reciban un abrazo de su migo, Luis Eduardo Mejía Pedrero. Comentarios al correo [email protected] Instagram @mejiapedrero Twitter @cuencalerma o por Facebook.