CANACO y COPARMEX piden dialogar alza al cobro por descargas de agua en Toluca

Toluca, Méx.- Organismos empresariales de la capital mexiquense hicieron un llamado al Ayuntamiento de Toluca y al organismo operador de agua para revisar el incremento del 61 por ciento aplicado al cobro por concepto de descargas de aguas residuales, al considerar que la medida resulta desproporcionada y pone en riesgo la permanencia de pequeños comercios establecidos.

Representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Estado de México señalaron que el sector empresarial no busca evadir sus responsabilidades ni negarse al pago de derechos, pero sí pidió que la autoridad establezca cobros justos, acordes con la situación económica actual y con la capacidad de cada unidad económica.

Durante un pronunciamiento realizado en el centro de Toluca, líderes empresariales señalaron que el comercio formal atraviesa una etapa complicada derivada de diversos factores económicos, por lo que un incremento de esta magnitud representa una presión adicional para negocios que apenas buscan recuperarse.

“Estamos aquí porque tenemos el sentir de los locatarios y comerciantes del centro de la ciudad. El incremento del 61 por ciento por aguas residuales debe revisarse; si el propio Código Financiero establece mecanismos de ajuste, no existe justificación para aplicar un cobro al límite sin analizar las condiciones de cada sector”, expresaron representantes empresariales.

Los integrantes de las cámaras empresariales insistieron en que la solución debe construirse mediante el diálogo y una mesa de trabajo donde participen autoridades municipales, el organismo de agua y representantes del comercio establecido.

Los empresarios explicaron que el cobro por descargas residuales requiere mayor claridad jurídica, debido a que el concepto establecido en el Código Financiero del Estado de México puede generar distintas interpretaciones sobre su aplicación.

Señalaron que, aunque reconocen la importancia de cuidar el medio ambiente y garantizar el tratamiento adecuado del agua, es necesario que los recursos obtenidos por este concepto tengan un destino claro y que exista infraestructura suficiente para justificar el cobro.

“Estamos a favor de las acciones que protejan el medio ambiente, pero necesitamos certeza de que realmente existen plantas de tratamiento y que los recursos serán utilizados para ese objetivo”, señalaron.

Además, cuestionaron que la carga recaiga principalmente en los negocios formales, mientras que otros sectores que generan residuos y operan fuera de los esquemas regulatorios no siempre son supervisados con la misma rigurosidad.

Los representantes empresariales mencionaron que establecimientos como restaurantes y comercios formales cumplen con diversas obligaciones, entre ellas medidas de control como trampas de grasa y regulaciones sanitarias, por lo que consideraron necesario diferenciar entre los distintos tipos de giros comerciales.

Los organismos empresariales plantearon que el porcentaje máximo establecido en la legislación debe analizarse y aplicarse bajo criterios de proporcionalidad, tomando en cuenta el tamaño, actividad y capacidad económica de cada negocio.

Indicaron que no todas las unidades económicas generan el mismo impacto en las redes de drenaje, por lo que una tarifa general podría afectar de manera desproporcionada a pequeños comerciantes.

También señalaron que Toluca enfrenta una desventaja competitiva frente a municipios vecinos, donde este tipo de derechos tienen esquemas considerados más flexibles.

“Debe existir una estratificación que permita determinar quién puede asumir un cobro mayor y quién requiere un esquema diferente. No todas las empresas tienen la misma capacidad económica ni generan el mismo tipo de descarga”, expusieron.

Representantes de sectores como estacionamientos y comercio del centro histórico coincidieron en que actualmente las condiciones económicas no son las mismas que en años anteriores.

Explicaron que factores como la disminución del consumo después de eventos recientes, cambios en los hábitos de los clientes y el aumento en costos operativos han complicado la situación financiera de diversos negocios.

Añadieron que la intención del sector empresarial no es confrontar a la autoridad, sino encontrar una solución que permita mantener la actividad económica sin afectar las finanzas municipales.

“Reconocemos que la autoridad tiene derecho a cobrar, pero buscamos que sea un pago justo y que considere la realidad que estamos viviendo”, señalaron.

Los empresarios manifestaron su confianza en que el Ayuntamiento de Toluca y el organismo operador de agua abrirán espacios de diálogo para encontrar un acuerdo favorable para ambas partes.

Reiteraron que las cámaras empresariales han mantenido una postura de colaboración con las autoridades y que continuarán participando en mesas de trabajo para impulsar soluciones que permitan fortalecer la economía local.

Finalmente, hicieron un llamado a los legisladores mexiquenses para revisar la redacción del Código Financiero y evitar interpretaciones que generen incertidumbre sobre la aplicación de este tipo de derechos.

El sector empresarial afirmó que mantener condiciones favorables para quienes invierten y generan empleos en Toluca es fundamental para consolidar a la capital mexiquense como un municipio competitivo y con mayores oportunidades económicas.

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