Tlateleros de Chimalhuacán acusan de invasión al gobierno local

Chimalhuacán, Méx.- Unos 100 excomuneros de este municipio realizaron una manifestación en el tlatel San Juan para exigir a las autoridades locales que dejen de construir una obra en el lugar, ya que, dijeron, “esta zona es área natural protegida pero pertenece a 300 propietarios de Chimalhuacán, quienes cuentan con claves catastrales, prediales y escrituras públicas”.

Los inconformes, quienes portaban pancartas de protesta contra las autoridades locales y el cabildo, señalaron que parte de sus terrenos ya habían sido invadidos por gente “no nativa”, quienes arbitrariamente construyeron 25 inmuebles y hoy, de manera “inexplicable”,  cuentan ya con claves catastrales y traslados de dominio.

Silvestre López Cornejo y Noé Hernández Buendía, líderes de los querellantes, externaron a la prensa que los propietarios de los tlateles tienen la documentación legal para demostrar sus propiedades, y así lo harán valer el próximo 7 de julio durante una reunión con la Comisión Nacional de Areas Protegidas.

Expresaron que ante la invasión de que son objeto, interpondrán demandas civil y penal contra las autoridades, “ya que sin ser dueños autorizaron una construcción en espacio de una hectárea (atrás del destacamento de la Guardia Nacional, que también fue erigido sin consentimiento de los propietarios), y trabajan día y noche con maquinaria pesada”.

Subrayaron que en el año 2001, el Gobierno del Estado de México emitió un decreto declarando como área natural protegida a la zona de los tlateles de Chimalhuacán. Esto fue ratificado en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisó que la reserva natural abarcaba 14 mil hectáreas del exlago de Texcoco.

 “Ahora nos enteramos que el Cabildo aprobó una construcción en el tlatel San Juan y que pagó 9 millones de pesos al presunto dueño, que no sabemos quién es, porque el auténtico propietario es mi bisabuelo, Leandro Peralta, heredero de Calixto Valverde”, señaló López Cornejo, quien reiteró que tras las demandas que se interpondrán, el gobierno local tendrá que mostrar el Acta de Cabildo y los documentos de compraventa, lo que derivará en la paralización de la obra.

Hernández Buendía, por su parte, enfatizó que esas tierras siempre, desde el decreto de desecación del lago de Texcoco en 1917, han estado bajo resguardo de los excomuneros y ahora propietarios privados, quienes no van a permitir que alguien lucre con ellas.

Cabe señalar que hasta el lugar arribó el titular de Seguridad Pública del municipio, Salvador Hernández Torres, quien dialogó con los manifestantes y pidió canalizar sus demandas ante las autoridades judiciales competentes.

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