Avalan en EdoMéx cárcel para funcionarios que obstaculicen justicia para mujeres

Toluca, Méx.- Las comisiones legislativas unidas para la Igualdad de Género y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron una iniciativa que contempla sanciones de hasta 10 años de prisión para personas servidoras públicas que incurran en actos de corrupción, negligencia, omisiones u obstrucción de investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra mujeres por razones de género.

La propuesta, impulsada por la diputada Jennifer González, de Morena, plantea reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de fortalecer la procuración de justicia y garantizar investigaciones con perspectiva de género.

Entre los principales cambios, se establece que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá investigar todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio, aplicando los principios de perspectiva de género y debida diligencia.

Durante la discusión, la legisladora destacó que la iniciativa busca asegurar que ninguna línea de investigación sea descartada de manera anticipada y que exista responsabilidad para quienes alteren pruebas, obstaculicen investigaciones o actúen con corrupción y negligencia.

La propuesta retoma planteamientos impulsados por Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en 2010 en el municipio de Chimalhuacán. Asimismo, incorpora criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia emitida en marzo de 2015, considerada un referente nacional en la investigación de feminicidios.

En el debate legislativo, el diputado Octavio Martínez Vargas señaló las deficiencias existentes en la atención de casos de violencia de género, cuestionó el desempeño de áreas especializadas de la FGJEM y advirtió que numerosas muertes de mujeres continúan siendo clasificadas como suicidios.

Por su parte, la diputada Selina Trujillo Arizmendi subrayó la necesidad de incrementar la presencia de mujeres médicas legistas, al considerar que algunas víctimas enfrentan procesos de revictimización durante las investigaciones.
La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón afirmó que la iniciativa representa un paso importante para garantizar justicia a las víctimas y sus familias, al tiempo que reconoció la lucha de Irinea Buendía y de quienes han acompañado jurídicamente el caso de Mariana Lima.

Actualmente, el Código Penal mexiquense contempla penas de 40 a 70 años de prisión para los delitos de feminicidio y transfeminicidio, además de multas económicas que pueden incrementarse cuando existen agravantes.

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