¿QUIÉN PAGA REALMENTE EL AGUA BARATA?

En México existe una idea profundamente arraigada: el agua debe ser barata. La percepción es comprensible. El agua es un derecho humano fundamental y resulta indispensable para la vida, la salud y el desarrollo económico. Sin embargo, detrás de las tarifas que pagan millones de usuarios existe una realidad poco discutida: el agua que llega a nuestros hogares tiene un costo mucho mayor al que aparece en el recibo.

La diferencia entre lo que cuesta producir y distribuir el agua y lo que efectivamente se cobra genera un problema que afecta a prácticamente todos los organismos operadores del país. La pregunta es inevitable: si el usuario no paga el costo real del servicio, ¿quién absorbe la diferencia?

La respuesta es que todos la pagamos, aunque muchas veces no lo percibamos. Cada litro de agua que llega a una vivienda implica una compleja cadena de procesos. Es necesario localizar la fuente de abastecimiento, perforar pozos o captar agua superficial, bombearla, conducirla a largas distancias, potabilizarla, almacenarla y distribuirla mediante extensas redes hidráulicas. Posteriormente, las aguas residuales deben recolectarse, conducirse y, en el mejor de los casos, tratarse antes de su descarga. Todo ello requiere infraestructura, energía eléctrica, personal técnico, maquinaria, equipos de laboratorio, sistemas de control y recursos financieros permanentes. Sin embargo, en numerosos municipios mexicanos las tarifas se mantienen artificialmente bajas por razones sociales y políticas. Los incrementos tarifarios suelen generar inconformidad ciudadana y representan un riesgo para las administraciones municipales. Como resultado, durante años se han evitado ajustes que permitan recuperar los costos reales de operación.

La consecuencia es que muchos organismos operadores trabajan con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En teoría, la diferencia debería compensarse mediante subsidios gubernamentales. En efecto, los gobiernos federal, estatal y municipal destinan recursos para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica. No obstante, dichos recursos rara vez son suficientes para atender el rezago acumulado durante décadas.

Los subsidios representan una herramienta importante para garantizar el acceso al agua, especialmente para los sectores más vulnerables. El problema surge cuando los subsidios dejan de ser un mecanismo de apoyo social y se convierten en una forma permanente de financiar ineficiencias estructurales. En muchos casos, el agua barata termina beneficiando por igual a quienes realmente necesitan apoyo y a quienes cuentan con capacidad económica para cubrir tarifas más cercanas al costo real del servicio. Así, los subsidios generalizados pueden generar distorsiones que limitan la sostenibilidad financiera de los sistemas hidráulicos.

Pero existe otro costo que pocas veces aparece en los debates públicos: el deterioro progresivo de la infraestructura. Cuando los ingresos son insuficientes, las primeras actividades que suelen sacrificarse son el mantenimiento preventivo, la rehabilitación de redes y la modernización de equipos. La operación cotidiana absorbe la mayor parte de los recursos disponibles y las inversiones de largo plazo se posponen año tras año.

Las consecuencias son visibles en muchas ciudades del país. Redes hidráulicas con varias décadas de antigüedad, fugas permanentes, pozos operando con equipos obsoletos, tanques de almacenamiento deteriorados, plantas de tratamiento subutilizadas y sistemas de medición insuficientes forman parte de una realidad que afecta la calidad y continuidad del servicio.

Paradójicamente, mantener tarifas bajas puede terminar encareciendo el servicio en el futuro. Una tubería que no se rehabilita oportunamente terminará requiriendo una sustitución completa. Un pozo mal mantenido consumirá más energía eléctrica. Una fuga no atendida incrementará los costos de producción y reducirá la disponibilidad del recurso. Es decir, el ahorro aparente de hoy puede convertirse en una deuda técnica y financiera para las generaciones futuras.

A ello se suma un fenómeno particularmente preocupante: la creciente presión sobre las fuentes de abastecimiento. En diversas regiones del país, la disponibilidad de agua disminuye debido a la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático. Extraer agua es cada vez más complejo y costoso. Mientras tanto, numerosos organismos operadores continúan enfrentando pérdidas significativas por fugas físicas y deficiencias comerciales. En algunos sistemas urbanos, una parte importante del agua producida nunca genera ingresos debido a pérdidas en la red o a problemas de medición y cobranza. En estas condiciones, resulta difícil construir un modelo financieramente sostenible.

Por supuesto, la solución no consiste simplemente en aumentar tarifas. El desafío es mucho más complejo. La ciudadanía tiene derecho a exigir eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Antes de solicitar mayores contribuciones, los organismos operadores deben demostrar que utilizan adecuadamente los recursos disponibles y que trabajan para reducir pérdidas, modernizar procesos y mejorar la calidad del servicio.

La discusión debe centrarse en encontrar un equilibrio entre el derecho humano al agua, la equidad social y la sostenibilidad financiera de los sistemas hidráulicos. Lo que no parece viable es continuar ignorando la realidad económica del servicio. El agua puede ser un derecho, pero transportarla, potabilizarla, distribuirla y sanearla tiene costos reales que alguien debe cubrir.

La pregunta, entonces, no es si el agua debe ser barata o cara. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a seguir pagando los costos ocultos de un sistema que posterga inversiones, acumula deterioro y compromete la seguridad hídrica del futuro. Porque cuando una ciudad enfrenta desabasto, fugas masivas o infraestructura colapsada, queda claro que el agua aparentemente barata termina siendo mucho más costosa de lo que parecía.

PIENSA GLOBALMENTE, ACTÚA LOCALMENTE

Han iniciado ya las temporadas de huracanes tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico. Como ciudadanos debemos de estar atentos a los anuncios de las autoridades, no tirar basura, ser responsables en nuestras acciones y estar prevenidos. Recuerden #SalvemosOjuelos.

Reciban un abrazo de su amigo, Luis Eduardo Mejía Pedrero. Comentarios al correo [email protected] Instagram @mejiapedrero Twitter @cuencalerma o por Facebook.