No a la injerencia; sin pruebas, acusaciones de EE.UU. son políticas: Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo en su conferencia matutina: “Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe pruebas contundentes, irrefutables, respecto a la legislación mexicana; o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”.

En un comunicado al que dio lectura, ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra políticos mexicanos justo cuando el país discute la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, la Presidenta extendió su reclamo a la autoridad estadounidense por no guardar la confidencialidad de la causa contra el Gobernador Rubén Rocha Moya y otros políticos mexicanos, como exigen los tratados internacionales.

La mandataria, dijo que el 28 de abril, por la noche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) “recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos. El 29 de abril, la misma Secretaría, de acuerdo con el marco normativo vigente, turnó la información recibida a la FGR para la evaluación de dichas solicitudes”.

El 29 de abril a mediodía, agregó, “el Departamento de Justicia de EU hizo público el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos mexicanos entre los que se encuentra el Gobernador de Sinaloa, el Senador por Sinaloa y el Alcalde de Culiacán. Anexo a esta acusación, publicó un documento denominado en español ‘Acusación de reemplazo bajo reserva’. Esto, lleva un extrañamiento del jurídico de Relaciones Exteriores dado que estos procesos son confidenciales acordes con los tratados en la materia”.

No obstante, la Fiscalía mexicana anunció que iniciará una investigación paralela para conocer si existen datos de prueba que sustenten la acusación hecha por autoridades de Estados Unidos (EU) contra 10 funcionarios mexicanos, incluido el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Detalló que el Gobierno de Estados Unidos divulgó información confidencial sobre los funcionarios requeridos en las solicitudes de detención, lo que va en contra de las normas procesales. “La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado a efecto de proteger la información que ha sido transmitida”.

En medio de la polémica por la presencia de dos agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra el narcotráfico en Chihuahua, este miércoles Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno por presuntamente brindar protección al Cártel de Sinaloa.

La acusación, sin precedentes, se da 6 días después de que el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, inauguró en Sinaloa una planta industrial con una inversión de tres mil 300 millones de dólares, donde exigió un entorno libre de corrupción.

Actualmente, las autoridades estadounidenses acusan al Gobernador de ese estado y a otros funcionarios mexicanos por presuntamente conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense, a cambio de sobornos y apoyo político, cargos por los que podrían enfrentar una pena de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua.

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