Presidenta Sheinbaum niega influencias en contratos y pide investigar el caso Scherer

Ciudad de México. – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó este martes que exista cualquier tipo de influencia en su Gobierno para la asignación de contratos, tras ser cuestionada por un caso en el que un despacho vinculado a Julio Scherer Ibarra habría cobrado por supuestos servicios para intervenir en procesos relacionados con contrataciones públicas.

“Ni Julio Scherer, ni mis hijos, ni mi marido, ni mis amigos, ni nadie, absolutamente nadie, que haya sido cercano a mí, o que sea cercano a mí”, aseveró la presidenta mexicana.

Asimismo, la mandataria federal explicó que esta instrucción aplica incluso para su círculo más cercano, con el objetivo de evitar cualquier conflicto de interés o práctica discrecional que pueda influir en el funcionamiento de su Administración, incluso, aclaró que sus familiares no participan en actividades relacionadas con contrataciones públicas y que sus hijos se dedican a otras áreas, mientras que su madre tiene su propia trayectoria académica, por lo que descartó cualquier involucramiento en trámites ante las dependencias.

Por su parte, dijo que, en caso de que alguien intentara acercarse a funcionarios para solicitar algún tipo de beneficio, “tienen instrucción todos los servidores públicos de no recibir absolutamente a nadie”.

La presidenta Sheinbaum reiteró que no hay manera de que participen en la Administración pública: No puede haber ninguna influencia de ningún tipo para ninguna contratación en el Gobierno y también aclaró que ella no participa de manera personal en la definición de contrataciones ni influye en las decisiones sobre a quién se debe contratar, y advirtió que está prohibido para cualquier servidor público realizar procesos vinculados a recomendaciones externas.

El señalamiento surgió a raíz de que un reportero, expusiera un caso en el que un despacho de abogados vinculado a Julio Scherer Ibarra habría ofrecido asesoría y trámites a una empresa internacional ensambladora de vehículos y motores pesados —que actualmente es proveedora del Gobierno federal en dependencias como la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Marina—, con la promesa de facilitar la obtención de contratos.

La empresa participó en una licitación para proveer unidades, la cual, según la documentación referida, se resolvió sin irregularidades, ya que el fallo se otorgó por presentar un precio 30 por ciento menor al de sus competidores, no obstante, el reportero señaló que, aun cuando no habría existido intervención en el resultado del concurso, el despacho habría cobrado por supuestos servicios, lo que derivó en un conflicto entre particulares e incluso en movimientos judiciales sobre cuentas de la empresa e indicó que la Defensa negó tener cualquier relación o conocimiento sobre la participación de dicho despacho en el proceso.

Ante ello, la mandataria federal indicó que las dependencias correspondientes deberán revisar el caso y transparentar la información: “Que lo revise la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y las propias instituciones para poder dar explicación de cuándo se dieron estos contratos, qué monto tienen y qué servicios dieron, cómo se contrataron, si fue por una publicación directa, si fue por licitación para que pueda ser transparentado”, afirmó.

Aunado a lo anterior, sostuvo que cualquier señalamiento debe investigarse y, en caso de confirmarse irregularidades, proceder conforme a la Ley: “Si hay algún mal procedimiento o algo malo, que procedan y sancionen como debe sancionarse”, dijo.

Finalmente, aseguró que en su Gobierno no hay tolerancia a la corrupción y que existen mecanismos preventivos y correctivos para actuar ante cualquier anomalía en contrataciones públicas.

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