El SNTE y la CNTE, lo mismo pero diferente

En México, el magisterio de educación básica se organiza fundamentalmente en torno a dos grupos: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Aunque ambos dicen representar y defender los derechos laborales de las maestras y maestros, sus trayectorias, métodos de organización y vínculos con el poder político los colocan en posiciones claramente diferenciadas.

El SNTE nació en 1943, desde entonces, ha mantenido una relación estrecha con los gobiernos federales, particularmente durante el largo periodo de predominio del Partido Revolucionario Institucional. Esta cercanía le permitió incidir en políticas educativas y en la administración del sistema educativo, pero también lo convirtió en objeto de críticas por funcionar más como un engranaje del aparato político que como un auténtico instrumento de defensa de sus agremiados.

La vida interna del SNTE ha sido cuestionada durante décadas, pues la elección de sus dirigentes se ha dado en un clima poco democrático. Durante años, el sindicato estuvo encabezado por Elba Esther Gordillo, figura controvertida, señalada por el uso patrimonial del sindicato y por su cercanía con los gobiernos del PRI y del PAN. Encarcelada en 2013 y liberada en 2018.

En contraste, la CNTE apareció en 1979 como una corriente opositora al interior del propio SNTE. Su origen se ubica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y responde al rechazo de numerosos docentes a lo que consideraban prácticas autoritarias, corrupción y falta de representación real dentro del sindicato. No es un sindicato independiente, sino una organización de maestros opuesta dentro del SNTE.

Desde sus inicios, la CNTE se asumió como un movimiento de base, construido desde las escuelas y comunidades, no desde las oficinas sindicales. Lógica que persiste hasta hoy. A diferencia del SNTE, la Coordinadora mantiene una postura abiertamente crítica frente al gobierno y cuestiona que los dirigentes negocien condiciones laborales sin consultar a las maestras y maestros. Por ello, ha encabezado la oposición a diversas reformas educativas, laborales y de seguridad social, como las de 2007 y 2013.

Las diferencias también son evidentes en las formas de acción. El SNTE privilegia el “diálogo institucional”, lo que le ha valido acusaciones sobre acuerdos políticos (en lo oscurito) vinculados a intereses electorales. La CNTE, se define por una estrategia más confrontativa: rechaza alianzas con el poder político, combina la negociación directa con la movilización social y recurre a marchas, plantones y paros como mecanismo de presión.

Ambas expresiones tienen presencia y fuerza, aunque en regiones distintas. El SNTE conserva un mayor control en buena parte del norte y del centro del país, mientras que la CNTE concentra su influencia en el sur, particularmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

En términos generales, el SNTE representa un sindicalismo centralizado, institucional y con una larga tradición de colaboración con los gobiernos en turno. La CNTE, encarna una corriente opuesta, descentralizada y crítica, que apuesta por la democratización sindical y por una mayor autonomía frente al Estado. Aunque comparten la defensa del magisterio, difieren profundamente en sus estrategias y relación con el poder.

Una de las demandas centrales de la CNTE —y una de las menos explicadas en el debate público— es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Dicha reforma trasladó a los maestros y a otros trabajadores del Estado a un sistema de pensiones basado en cuentas individuales administradas por las Afores, lo que significó el abandono del esquema solidario que había regido antes de 1997.

Bajo el modelo solidario, las pensiones se financiaban colectivamente: las generaciones activas sostenían a quienes ya se habían jubilado, y el monto de la pensión se calculaba con base en el salario percibido y los años de servicio acumulados. En el esquema de las Afores, la pensión depende exclusivamente del ahorro individual que el trabajador logre reunir a lo largo de su vida laboral, lo que elimina cualquier garantía de un retiro digno.

La reforma de 2007 también endureció los requisitos para jubilarse. Mientras que antes era posible retirarse a los 58 años con 30 años de servicio, el nuevo sistema elevó la edad mínima hasta los 65 años para quienes quedaron incorporados a las cuentas individuales, obligando a trabajar más tiempo bajo mayor incertidumbre.

Reducir este conflicto a que los maestros son “flojos”, “revoltosos” o “irresponsables” oculta el debate real. Detrás de las movilizaciones hay una discusión legítima sobre qué tipo de retiro merece quien ha dedicado su vida al servicio público y si la seguridad social debe depender del mercado o del compromiso del Estado.

Entender la Ley del ISSSTE de 2007 no obliga a estar de acuerdo con todas las formas de protesta, pero sí permite opinar con información, sin maniqueísmos ni descalificaciones simplistas. Solo así es posible un debate público más justo, equilibrado y democrático.