Bien por el “desinfle” de la propuesta de Reforma Electoral, pero…

Aún quedan rubros alarmantes dentro del llamado Plan B de la Presidencia.

Persiste, por ejemplo, la intención de recortar en un 15% los escaños del Senado. No es un ajuste menor. Implica, necesariamente, replantear los mecanismos de representación proporcional, lo que abre la puerta a una distorsión en la representación de las minorías. Dicho de otra forma: menos espacios, menos voces, menos pluralidad, totalmente inconstitucional.

También sobrevive la idea de empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias. Esto no solo es un error técnico, es un despropósito democrático. Permitir que la Presidenta participe en un ejercicio donde, en los hechos, puede hacer campaña, rompe de manera absoluta la equidad en la contienda y resulta aún más contradictorio si recordamos que este tipo de prácticas fueron duramente criticadas por quienes hoy las impulsan. Porque cuando la autoridad entra al terreno electoral, el límite entre informar y promover se diluye peligrosamente. Si todo es electoral, entonces nada tiene reglas claras, por tanto se diluye la responsabilidad.

Además, la lógica misma de la revocación de mandato se desvirtúa. La “campaña” de una Presidenta no debe medirse en semanas previas a una consulta, sino en la totalidad de su gestión. Su legitimidad no se construye en propaganda, sino en resultados, mismos que son y deberían seguir siendo el objeto de su evaluación, dejemos fuera las estrategias del marketing o prebendas sociales.

Por otro lado, estos cambios no se quedarán en el terreno político; inevitablemente terminarán en el jurídico. Llegarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde preocupa —y no poco— la tendencia reciente de sus resoluciones. Una interpretación laxa o sesgada de la ley secundaria podría derivar en afectaciones a principios constitucionales, lo que implicaría un retroceso serio en el andamiaje democrático.

A esto se suma la propuesta de establecer un tope del 0.7% del presupuesto estatal para los congresos locales. Más allá de lo cuestionable del porcentaje, el problema es su viabilidad política: para que esto tenga efectos reales, los propios congresos tendrían que aprobar su reducción presupuestal. Pensar que lo harán voluntariamente suena, por decir lo menos, poco realista.

El problema de nuestra democracia y nuestro sistema electoral de fondo es otro.

Se insiste en una reforma que no termina de ocultar su sesgo, pues se percibe más como un intento de ajustar las reglas en favor del poder que como un esfuerzo genuino por fortalecer la democracia. Se limita a los partidos en recursos, se abre la puerta a la promoción desde el poder, se debilita la operación institucional en los estados y, en el camino, se deja de lado lo verdaderamente importante.

¿Porque los grandes retos no están ahí?

La democracia mexicana necesita mayor participación ciudadana, no simulaciones (basta recordar el 10% de participación y el alto nivel de votos nulos en ejercicios recientes). Necesita fortalecer la pluralidad, no reducirla. Necesita reglas claras que generen confianza, no ajustes que siembren sospecha.

Lo que está en juego no es una reforma más, es la credibilidad del sistema electoral y si esa credibilidad se sigue erosionando, el problema ya no será quién gana una elección, sino si alguien cree en el resultado.

Ojalá a esta reforma vuelva a aplicársele la “descafeína”, porque, de seguir así, más que corregir al sistema, se estará trazando un camino normativo que privilegia la permanencia en el poder y eso, en democracia, nunca termina bien.