No, no somos iguales

Hay frases que se repiten con tanta ligereza que terminan por vaciarse de sentido. “Todos somos iguales”, “el sol sale para todos”, “échale ganas”. En un país como México, esas afirmaciones no solo resultan ingenuas: son profundamente ofensivas. Porque la realidad —los datos duros, la experiencia cotidiana y la vida misma— nos grita en la cara lo contrario. No, no somos iguales.

Aquí el ejemplo claro, mientras millones de personas cuentan los pesos para llegar a la quincena, hay quienes generan, literalmente, fortunas por segundo. Para ponerlo en perspectiva, Carlos Slim, obtiene en 1 segundo lo que una persona con salario mínimo tarda 19 días en conseguir, esto, según el más reciente informe titulado: Oligarquía o democracia. Nueve propuestas contra la acumulación extrema del poder en México, publicado por Oxfam en febrero de este 2026.

Que un solo hombre alcance en un instante lo que una persona trabajadora tardaría semanas o meses en ganar no es una anécdota curiosa del capitalismo moderno; es la evidencia de una desigualdad obscena, estructural y normalizada. No es talento individual elevado al máximo, es un sistema entero organizado para concentrar la riqueza en unas cuantas manos.

“Los ultrarricos mexicanos nunca habían sido tantos ni tan ricos como hoy. Hay 22 mil millonarios con una fortuna conjunta de 219 mil millones de dólares, equivalentes a 3.9 billones de pesos o al tamaño de las economías de Jalisco y Guanajuato juntas”, comparó Oxfam. Mientras tanto, la economía nacional ha crecido de manera imperceptible y la vida de las mayorías se ha vuelto más cara, más incierta y más precaria.

La pregunta es inevitable ¿De dónde sale tanto dinero? Esas riquezas no se generan en el vacío ni se explica únicamente por la genialidad empresarial. Se construye sobre millones de horas de trabajo mal pagado, sobre recursos públicos, sobre concesiones, privilegios fiscales y decisiones políticas que permiten que unos pocos acumulen lo que a otros se les niega incluso como derecho.

La desigualdad en México no es un accidente ni un fenómeno natural: es el resultado de decisiones políticas. Hoy, México es uno de los países más desiguales del mundo. El 1 % más rico de la población —apenas 1.3 millones de personas— percibe 35 % del ingreso total

del país, posee 40% de la riqueza privada nacional y es responsable del 23% de las emisiones contaminantes.

Es importante tener presente que, si la riqueza se concentra, también lo hace la capacidad de influir, de presionar y decidir sobre temas de trascendencia económica, política y social. Para las mayorías, el Estado es sinónimo de filas interminables, trámites imposibles y derechos postergados. Para los muy ricos, el acceso es inmediato, discreto y eficaz. Una llamada, una reunión, una amenaza velada de retirar inversiones y las reglas pueden cambiar.

Mientras tanto, el otro México, el de la vida real, sigue cargando una deuda social gigantesca. De acuerdo con la última medición oficial, 38.5 millones de personas viven en situación de pobreza, 44.5 millones carecen de acceso a servicios de salud y 18.8 millones no tienen garantizado el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. No son cifras aisladas. Son millones de historias de enfermedad, de hambre, de cansancio acumulado, de esfuerzos que no alcanzan.

Por eso es indispensable decirlo con claridad: México no es un solo México. Son muchos. Uno donde el dinero crece solo, protegido y multiplicado. Otro donde el salario se diluye antes de terminar el mes. Uno donde el tiempo se invierte; otro donde se desperdicia en sobrevivir. Y esos Méxicos no conviven en igualdad de condiciones: chocan y se ignoran. Pero están atravesados por una misma estructura que favorece a unos y excluye a muchos.

Frente a esta realidad, pensar que “todos tenemos las mismas oportunidades” resulta insultante para quien nace sin acceso a salud, educación o alimentación suficiente. Repetir que “si trabajas duro, sales adelante” es cruel en un país donde el esfuerzo no garantiza dignidad, y donde el ascenso social es la excepción, no la regla.

Cerrar los ojos ante esta desigualdad no la hace desaparecer. Reducir las brechas no es un acto de caridad, es una obligación democrática. Implica decisiones claras y contundentes: reglas fiscales más justas, límites al poder económico desmedido, fortalecimiento real de los derechos sociales y una ciudadanía que deje de normalizar lo inaceptable.

Un país donde la riqueza se hereda y la pobreza se reproduce no puede llamarse justo. Una democracia capturada por el dinero deja de representar a la mayoría. Y mientras sigamos fingiendo que “el sol nace para todos”, cuando claramente no alumbra igual, será más difícil transformar la realidad.

Los datos son contundentes. La realidad también. No, no somos iguales. Pero asumirlo es el primer paso para dejar de aceptar como normal lo que debería indignarnos y movilizarnos como sociedad.