La CNDH: ¿mejor o peor?

Por: Julián Chávez Trueba
A mitad de la semana

Más allá del bochorno que significó la comparecencia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, en el Congreso de la Unión —donde evidenció no saber leer con soltura—, vale la pena plantear la pregunta de fondo: ¿la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha funcionado realmente como contrapeso del poder, como ella misma afirmó en su discurso?

De entrada, los números no cuadran. Tan solo en 2025 se recibieron 18,389 quejas nuevas en contra de autoridades federales. De ese universo, apenas 17 derivaron en la acreditación de violaciones a derechos humanos. El dato es, por decir lo menos, insólito. Implicaría que la ciudadanía se equivoca de manera masiva al denunciar o que la Comisión ha elevado tanto el umbral de procedencia que prácticamente ninguna queja logra sobrevivir al trámite.

Para dimensionarlo: en 2024, 57% de las llamadas al 911 fueron de broma. Aun así, ese porcentaje de falsedad resulta más creíble que el escenario que nos plantea la CNDH, donde ni siquiera el 1% de las quejas serían legítimas. El contraste es brutal si se revisa el informe de 2018, previo al gobierno de López Obrador: ese año se recibieron 6,114 quejas y 5,480 sí acreditaron violaciones a los derechos humanos.

Si a esto se suma el argumento de que la CNDH es una institución ciudadana, el panorama empeora. El Consejo Consultivo Ciudadano —supuesto órgano de vigilancia social— no sesionó en todo 2025. En los hechos, no hubo seguimiento ciudadano, ni debate interno, ni escrutinio social de las decisiones de la Comisión. Una institución que presume autonomía, pero opera sin contrapesos internos.

Lamentablemente, tampoco existe información cruzada con la Fiscalía General de la República que permita evaluar cuántos casos son canalizados a la CNDH o cuántas recomendaciones tienen consecuencias penales o administrativas. Esa opacidad no es casual: es funcional. Y todo indica que así seguirá.

Otro dato revelador: de los 19,259 expedientes concluidos en 2025, solo 0.77% terminaron en recomendaciones formales. En cambio, 67% se cerraron por conciliación o simple trámite administrativo. En otras palabras, la Comisión optó por no incomodar con pronunciamientos de fondo.

Este desempeño choca frontalmente con la percepción social. Una encuesta telefónica realizada desde la LXIII Legislatura mostró que más del 80% de los entrevistados considera que en México no se respetan los derechos humanos.

Lo anterior es congruente con las formas del gobierno actual, donde las cifras se administran para construir un relato. Se ha dicho desde la tribuna presidencial que los homicidios dolosos bajaron de 89 a 70 diarios, una reducción de 19 víctimas. Sin embargo, al revisar el informe completo del Secretariado Ejecutivo, que incluye homicidios dolosos, otros delitos contra la vida y personas desaparecidas, el sexenio pasado promedió 154 víctimas diarias, mientras que el actual promedia 157. El resultado real es demoledor: hoy menos personas regresan a casa con sus familias, ya sea porque fueron asesinadas o porque desaparecieron. Sin maquillaje.

La CNDH evitó señalar en su informe los atropellos más importantes por su impacto mediático o social como los son: el caso Ayotzinapa, los heridos del Tren Maya, del Interoceánico, los de la Línea 3 del Metro, los desaparecidos del rancho Teuchitlán, las muertes de Migrantes en el centro de detención y un largo etcétera. Recuerdo que, cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muchos policías decían que servía para liberar delincuentes por supuestas omisiones de la autoridad. Hoy, con tristeza, podemos afirmar algo peor: ya ni para eso funciona.