La mafia de la industria farmacéutica

Desde hace décadas la industria farmacéutica se ha consolidado como uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial. Su éxito no radica en la innovación por sí misma, sino en el hecho de que la salud es una necesidad universal e ineludible. Nadie puede prescindir de ella, y esa condición convierte a los medicamentos en un producto con demanda asegurada. A diferencia de otros bienes de consumo, aquí no hay elección: cuando la enfermedad aparece, el acceso a un tratamiento se vuelve indispensable.

El carácter lucrativo de este sector se explica por varios factores. Por un lado, las patentes permiten a las empresas monopolizar la producción de un medicamento durante años, fijando precios sin competencia real. La investigación y el desarrollo, aunque costosos, son utilizados como argumento para justificar cifras desproporcionadas que poco tienen que ver con el costo real de producción.

Es un hecho, la competencia en el sector farmacéutico no funciona y los grandes grupos farmacéuticos recurren a todo tipo de prácticas para impedir la llegada al mercado de medicinas más eficaces y sobre todo para descalificar los medicamentos genéricos que son mucho más baratos. Así lo muestra en un informe la Revista Europea De Medicina General (2024),” al señalar que, el retraso del acceso del consumidor a los genéricos se traduce en importantes pérdidas financieras no sólo para los propios pacientes sino para la Seguridad Social a cargo del Estado (o sea de los contribuyentes).

En este contexto, vale la pena preguntarse ¿Qué son los medicamentos genéricos? Los genéricos son medicamentos idénticos, en cuanto a principios activos, dosificación, forma farmacéutica, seguridad y eficacia, a los medicamentos originales producidos en exclusividad por los grandes monopolios farmacéuticos. El período de exclusividad, que se inicia desde el momento en que el producto es puesto a la venta, vence a los 10 años, pero la protección de la patente del fármaco original dura 20 años. Tiempo suficiente para que las farmacéuticas puedan llenarse las bolsas de dinero al obtener las ganancias que quieran, pues, al no tener competencia, ellos fijan el precio.

Entonces, después de 20 años de haber lanzado un medicamento al mercado, es cuando otros fabricantes tienen derecho a producir los genéricos que cuestan un 40% más baratos. La

Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los Gobiernos recomiendan el uso de genéricos porque, por su menor costo, favorecen el acceso equitativo a la salud de las poblaciones expuestas a enfermedades evitables.

Por ello, el objetivo de las grandes marcas farmacéuticas consiste en retrasar por todos los medios posibles la fecha de vencimiento del período de protección de la patente; y se las arreglan para patentar añadidos innecesarios del producto y extender así, artificialmente, la duración de su control del medicamento.

Pero ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho de exclusividad otorgado por el Estado a los inventores de un nuevo medicamento, formulación o proceso de fabricación. Las patentes garantizan un monopolio temporal para fabricar y vender un producto, impidiendo que terceros lo comercialicen. Las patentes son fundamentales, ya que mediante estas, en el caso de la industria farmacéutica, distintos laboratorios pueden copiar el medicamento (proceso de elaboración y fórmula) para su producción y comercialización.

El resultado es que los medicamentos se venden a precios exorbitantes. Un tratamiento puede costar cientos de veces más que lo que implica fabricarlo, y cada eslabón de la cadena de distribución incrementa aún más el costo final. En países donde la regulación es débil, las farmacéuticas deciden cuánto cobrar, sin importar las consecuencias sociales.

Las personas sin seguridad social son las más golpeadas por este modelo. Al no contar con cobertura médica, deben pagar el precio completo en farmacias, lo que en muchos casos significa elegir entre comprar medicinas o cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda. Para las familias de bajos recursos, una enfermedad crónica puede convertirse en una condena económica que perpetúa la desigualdad. Incluso los sistemas públicos de salud se ven debilitados cuando el Estado destina enormes presupuestos a la compra de medicamentos caros, se reduce la capacidad de invertir en otros servicios esenciales.

La enfermedad debería ser atendida como un derecho, no como una oportunidad de enriquecimiento. Convertir la salud en mercancía significa que quienes más necesitan atención son precisamente quienes menos pueden pagarla. Bajo el discurso de innovación y progreso, la industria farmacéutica ha creado un sistema donde la vida depende del poder adquisitivo.

La pregunta que debemos hacernos es incómoda pero necesaria ¿Hasta cuándo permitiremos que la salud sea un privilegio de clase y no un derecho?