A mitad de la semana

La fiscalía… ¿independiente de quién?

Por Julián Chávez Trueba

En algún debate televisado, Diego Fernández de Cevallos le espetó a López Obrador una verdad que hoy cobra más vigencia que nunca: es una lástima que los políticos presuman no dialogar, no acordar y no coincidir, como si la cerrazón fuera una virtud. Mientras AMLO se jactaba de jamás haber hablado con Carlos Salinas, Fernández de Cevallos presumía no haber roto jamás comunicación ni con su peor adversario.

Esa frase, que entonces parecía una anécdota, hoy explica buena parte del desastre institucional que vivimos. Porque la política sin diálogo no es política: es imposición. Y el gobierno sin contrapesos no es gobierno: es hegemonía.

Recordemos el sexenio de Vicente Fox, cuando el alto precio del petróleo generó un excedente multimillonario. Fox pretendía utilizar los recursos en obra pública, pero la Cámara de Diputados, con mayoría opositora, se lo impidió por desconfianza en el uso de los recursos. Al final, ese dinero se destinó al pago de deuda pública. Eso es un contrapeso funcionando: incomoda al gobernante, pero beneficia al país.

Hoy no tenemos nada de eso.

La Fiscalía General de la República, que nació bajo la promesa de ser un órgano autónomo, es hoy uno de los más grandes fraudes constitucionales del régimen. No investiga al poder: lo protege. No persigue delitos de alto impacto político: los archiva. No enfrenta al crimen organizado: lo administra.

La Fiscalía que debía ser incómoda al gobierno se ha convertido en oficina de acompañamiento: la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría, reducidas a simulación burocrática.

México vive hoy con más de 98% de impunidad. No es una cifra: es una tragedia nacional. Eso significa que causar un daño, robar, violentar o asesinar en este país es prácticamente gratis. Y no importa cuántas veces se endurezcan las penas en el papel: con fiscales obedientes no hay justicia, solo discurso.

Casos recientes lo evidencian: la ineficacia deliberada en los grandes escándalos de corrupción, el silencio absoluto frente a los vínculos de políticos con el crimen organizado, el manejo político de investigaciones sensibles y la lentitud quirúrgica cuando un asunto toca a algún aliado del poder.

Imaginemos, por un momento, un Fiscal verdaderamente autónomo. Que investigue igual a un presidente que a un delincuente. Que no reciba instrucciones, ni llamadas, ni favores. Que vea expedientes, no colores partidistas. Que esté comprometido con la ley, no con el poder.

Eso cambiaría este país más que cualquier reforma constitucional.

Porque este país no necesita más discursos, ni más consultas, ni más venganzas políticas. Este país necesita una sola cosa que hoy no existe: justicia.

Y la justicia empieza donde termina la simulación.