En México debe reconocerse el derecho a un entorno urbano sano y planificado: Vargas

Ciudad de México.-El vice coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó dos iniciativas de ley para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el propósito de que, en México, se reconozca el derecho a un entorno urbano sano, planificado, resiliente, seguro, accesible, limpio y ambientalmente sustentable para elevar la calidad de vida de las familias.

Como parte de las iniciativas, de reforma se propone homologar los criterios de los tres órdenes de gobierno para regular los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano

Al suscribir ambas iniciativas a nombre del PAN, el senador por el Estado de México indicó que las ciudades y zonas urbanas del país enfrentan, desde hace varias décadas, un crecimiento acelerado, desordenado y profundamente desigual, debido a la insuficiencia de vivienda y servicios básicos, una mala calidad del aire, falta de espacios públicos dignos y una movilidad cada día más compleja, por lo que es fundamental reconocer el derecho a un entorno urbano sano como principio rector de la política urbana nacional.

Señaló que, si bien la Constitución Política reconoce diversos derechos vinculados al bienestar ambiental y territorial, no se contempla este derecho de manera explícita, a pesar de que más del 80 por ciento de la población mexicana vive en ciudades que han visto un deterioro en sus condiciones ante la falta de reconocimiento de éste, lo que ha representado riesgos crecientes para la salud y el bienestar de gente.

Enrique Vargas explicó que esta iniciativa representa un compromiso ético con el presente y futuro de México, pues con ella se reequilibrarían las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, fortalecería la coordinación institucional y se trabajaría en una planeación urbana de las ciudades basada en evidencias científicas y criterios ambientales, la participación ciudadana en la definición del ordenamiento territorial, transparencia en los instrumentos de planeación, autorizaciones y cambios de uso de suelo, así como el establecimiento de mecanismos de evaluación permanente sobre la calidad del entorno urbano.

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