Crece robo de identidad de personas fallecidas

Toluca, Méx.- Los ciberdelincuentes reviven perfiles abandonados o de personas fallecidas para estafar a sus contactos o cometer delitos financieros, fiscales y digitales, por lo que expertos advirtieron que urge tomar medidas para proteger la identidad digital.

Según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, solo en los primeros diez meses de 2023 se registraron más de mil 600 casos de robo de identidad, un incremento del 218npor ciento respecto al año anterior. De estos, el 62 por ciento fue a través del hackeo de redes sociales.

En 2024, México registró 818 mil 437 defunciones y de acuerdo con los expertos en ciberseguridad, las redes sociales de estas personas pueden ser utilizadas de forma ilegal por redes delictivas para abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, realizar fraudes fiscales o incluso manipular redes sociales con fines maliciosos.

“Estamos viendo una evolución en las tácticas del crimen digital. Ya no solo roban cuentas activas, ahora buscan perfiles de personas que han fallecido o han dejado de usar sus redes, porque es mucho más fácil pasar desapercibidos”, explica David González, investigador en seguridad informática.

Los ciberdelincuentes obtienen información de obituarios, redes sociales o registros públicos. Con estos datos pueden acceder a correos electrónicos, redes sociales, historiales médicos y registros fiscales. El fraude puede ir desde el uso indebido de seguros o créditos a nombre del difunto, hasta la manipulación de cuentas sociales para enviar mensajes falsos o enlaces de phishing.

Estos perfiles, conocidos como cuentas fantasma, son utilizados para enviar mensajes con solicitudes de dinero, promociones falsas o incluso suplantar la identidad del titular en esquemas más complejos como fraudes financieros y ventas inexistentes. En WhatsApp, por ejemplo, los casos de robo de cuentas aumentaron un 672 por ciento entre enero y febrero de 2024, con extorsiones que van desde los mil hasta los 5 mil pesos por usuario.

“Estamos frente a un fenómeno poco visibilizado pero muy peligroso. Los delincuentes aprovechan la lentitud de los procesos administrativos tras la muerte de una persona para tomar control de sus datos y actuar con total impunidad”, dijo.

“Debemos entender que la muerte no borra automáticamente la presencia digital de una persona. Si no se protege adecuadamente, su identidad puede ser usada para dañar a los vivos”, concluye el investigador.

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