Advierten que reformas a la Ley de Aguas mantienen privilegios para grandes industrias

Ciudad de México.- Representantes de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) y de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, alertaron que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) podrían simular una repartición equitativa del recurso, mientras en la práctica perpetúan los privilegios de industrias refresqueras, cerveceras e inmobiliarias que concentran concesiones desde hace más de tres décadas.

En conferencia de prensa, Ricardo Ovando Ramírez, integrante de la Red Nacional de Sistemas Comunitarios de Agua, cuestionó que desde 2012, cuando el derecho humano al agua quedó establecido en la Constitución, no se haya creado una Ley General de Aguas (LGA), como mandata la ley. En cambio, criticó, se impulsa una reforma a la legislación vigente y la creación de una nueva norma.

“Lo que nosotros sospechamos es que se pretende mantener la LAN para en cierto modo guardar los privilegios que desde 1992 tienen las refresqueras, las cerveceras, las inmobiliarias… lo que llamamos la hidrocracia”, afirmó.

Los representantes advirtieron que las propuestas de reforma fragmentan el derecho humano al agua en dos legislaciones, lo que calificaron de incongruente. Según un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaborado por Rodrigo Gutiérrez Rivas, ello vulneraría la integralidad del derecho.

Ovando Ramírez señaló que, aunque se plantea reconocer la gestión comunitaria y corregir el sistema de concesiones, las organizaciones que representan fueron ignoradas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Además, denunciaron la exclusión legal de al menos 28 mil comités y sistemas locales de agua que operan en el país, los cuales carecen de reconocimiento y apoyo institucional.

De acuerdo con los activistas, esta “camisa de fuerza legal” obliga a los sistemas comunitarios a solicitar concesiones como si fueran empresas privadas, lo que genera fuertes cargas económicas. “Conocemos un caso de un sistema que paga 180 mil pesos bimestrales, más lo que gasta en luz. Está a punto de quebrar”, expuso Ovando.

También señalaron que la legislación actual mantiene un modelo permisivo en materia de contaminación, pues permite que las descargas de contaminantes se autoricen bajo esquemas voluntarios y, en ocasiones, con muestreos realizados por las mismas empresas responsables.

“Se esconde una realidad perversa que consiste en pagar por contaminar, sin considerar los daños a la salud y al medio ambiente. La contaminación se agrava por sustancias cuya toxicidad y bioacumulación rara vez se miden, lo que amenaza la vida humana y de otras especies”, subrayó el representante de la CNAA.

Las organizaciones pidieron que el proceso de reforma a la Ley de Aguas se abra a la participación de comunidades y sistemas locales, y que se priorice el derecho humano al agua por encima de los intereses de las grandes industrias.

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