Diputado propone sanciones para servidores públicos que manipulen pruebas en delitos

Toluca, Méx.– En sesión legislativa, el diputado Octavio Martínez Vargas denunció que en los 22 centros penitenciarios del Estado de México existe una grave problemática de fabricación de delitos, al estimar que 45 por ciento de la población penitenciaria, más de18 mil personas, es inocente, pero se encuentra privada de la libertad por irregularidades cometidas en la procuración e impartición de justicia.

Al hacer uso de la tribuna camaral, el legislador morenista, señaló que la mayoría de estas personas carecen de una defensa particular y dependen de defensores de oficio que, en muchos casos, no garantizan el acceso real a los recursos legales.

 “Muchos ni siquiera saben que tienen derecho a apelar una sentencia o a solicitar un amparo”, lamentó.

Por lo anterior, es que presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, con el propósito de sancionar a servidores públicos que manipulen pruebas, simulen testimonios, fabriquen delitos o entorpezcan maliciosamente los procesos judiciales.

Dicha propuesta plantea penas de tres a ocho años de prisión, multas de 100 a 500 días y la destitución e inhabilitación del cargo.

En caso de que las conductas las cometa un defensor público, las sanciones se incrementarían hasta la mitad; y si derivan en la condena de una persona inocente, las penas se duplicarían.

Mientras que la reforma busca catalogar como falta grave el abuso de funciones de quienes utilicen sus atribuciones para inducir decisiones judiciales arbitrarias, beneficiarse personalmente o perjudicar a terceros.

Martínez Vargas recordó que el Plan de Desarrollo del Estado de México, en su eje número uno, establece como prioridad el combate a la corrupción y la consolidación del Estado de derecho.

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