Gobierno de Jalisco reconoce responsabilidad por desapariciones
- Fernanda Medina González
- 15 agosto, 2025
- Nacional e Internacional
- Desapariciones, Gobierno, Jalisco, responsabilidad
- 0 Comments
Guadalajara, Méx.– El Gobierno del Estado de Jalisco reconoció por primera vez su responsabilidad institucional en violaciones a los derechos humanos derivadas de un caso de desaparición ocurrido hace 15 años, el 30 de septiembre de 2010, en el que cuatro personas fueron privadas de la libertad en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.
El acto de reconocimiento se llevó a cabo en el Patio de Los Naranjos del Palacio de Gobierno en cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que acreditó violaciones al derecho a la justicia, a la verdad y a la integridad personal atribuibles a servidores públicos de los estados de Jalisco y Zacatecas.
En representación del Ejecutivo estatal, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, afirmó: “El Gobierno de Jalisco reconoce la responsabilidad institucional de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, por violar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la integridad personal de las víctimas directas e indirectas en aquel lamentable suceso ocurrido hace 15 años”.
Sin embargo, durante su mensaje las autoridades evitaron pronunciar la palabra “disculpa”, lo que provocó inconformidad entre los familiares de las víctimas. En entrevista posterior, Zamora sostuvo que no era necesario mencionarla, ya que consideró que el acto respondía de manera puntual a la recomendación de la CNDH.
El evento estuvo marcado por tensiones. María Natividad Guerrero Serrano, madre de una de las víctimas, criticó que el acto se organizara con restricciones, cancelaciones previas y trabas para que se diera la voz a los familiares. Incluso se intentó impedir inicialmente que su nieto, Diego Aristóteles Enciso Cruz, leyera una carta en la que narró el impacto de la desaparición de sus padres, Dalia Guadalupe de Cruz Guerrero y Luis Ramón Enciso Ramírez, así como de dos de sus amigos: Emilia Carolina Naranjo García y Bernardo Sedano Vilchiz.
“Hoy debería ser un día en el que demos un paso hacia la justicia… pero en lugar de ser escuchadas, hemos sido ignoradas y desgastadas, sin respetar los acuerdos con la Fiscalía y la Vicefiscalía de Derechos Humanos”, señaló la señora Natividad.
La entrada a la prensa también fue negada en un inicio, y los diputados Tonantzin Cárdenas Méndez (Futuro) y Leonardo Almaguer (PT) quedaron fuera del evento al no permitírseles el acceso.
Al acto acudieron familiares de las víctimas, representantes de la CNDH y el fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, quien aseguró que existe compromiso de fortalecer las acciones de investigación, prevención y coordinación con otras autoridades para evitar que hechos similares se repitan.
Zamora reconoció además que existen adeudos pendientes con los hijos de Dalia y Luis, particularmente en materia de becas educativas, y se comprometió a darles seguimiento.
Los familiares calificaron el acto como un “mero trámite” y “revictimizante”. Rosalinda Michel Serrano, pariente de una de las víctimas, afirmó que el procedimiento no cumplió con las expectativas de reparación del daño.
Por su parte, Alan García Campos, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), advirtió que las disculpas públicas deben ir acompañadas de acciones concretas: fortalecer estrategias de búsqueda y localización, identificación certera de víctimas, restitución digna en caso de fallecimiento, garantías de no repetición, responsabilizar a todos los involucrados y consolidar marcos jurídicos efectivos.
“Las disculpas públicas son indispensables, pero deben trascender el gesto simbólico para contribuir realmente a la curación de las víctimas”, enfatizó.
Los familiares concluyeron la ceremonia entonando consignas que suelen acompañar las marchas por los desaparecidos en México: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “¿Dónde están nuestros hermanos?”.
A 15 años de los hechos, el reconocimiento oficial fue recibido con desconfianza y reclamos por parte de quienes siguen buscando a sus seres queridos.
