Armarán padrón de indígenas y afrodescendientes presos que pudieran tener Amnistía

Toluca, Méx.- En la Primera Sesión Ordinaria del Observatorio de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes del Poder Judicial del Estado de México, aprobó la creación de un Comité Especial mismo que se va a encargar de hacer un padrón e identificar a personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad en la entidad y que sean candidatas a recibir amnistía.

En la primera sesión, presidida por el presidente del Poder Judicial mexiquense, magistrado Fernando Díaz Juárez, se designó a Pedro Jorge Isaac González como Secretario Técnico del comité y se instaló un comité que pueda recibir casos y armar un padrón de casos que han tenido violaciones graves a derechos humanos.

Señaló que es necesario la construcción de un padrón que permita conocer cuántas personas indígenas y afrodescendientes están privadas de la libertad y bajo qué circunstancias ocurrió su proceso judicial que los hace estar en reclusión.

Ante la secretaria de la Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar, indicó que a raíz de ese padrón se podrá hacer un análisis pormenorizado de su situación jurídica y trazar la ruta para solicitar amnistía o pedir la intervención de la Comisión de Derechos Humanos en casos excepcionales.

Dijo que este encuentro no solo marca el principio de trabajos formales de este órgano colegiado, sino que representa la materialización que hasta hace poco se trataba de una acción delineada en el plan institucional de desarrollo y un compromiso inserto en la cláusula cuarta de la declaratoria de justicia abierta, suscrita por este poder judicial en febrero de este año.

Indicó que se privilegia la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio de la justicia abierta, reconociendo sus raíces de casi 70 pueblos originarios en México.

El observatorio, siendo el primero en su naturaleza en América, constituye un mecanismo genuino de participación, además de favorecer el reconocimiento de los pueblos indígenas. Ahora es la impartición de justicia, un espacio en donde los pueblos Mazahua, Matlazinca , Náhuatl ,Otomí y Tlahuica, así como las comunidades afrodescendientes participan en esfuerzo conjunto con los integrantes de la sala de asuntos indígenas, con organismos defensores de derechos humanos, con universidades con colectivos con organizaciones de la sociedad civil, con barras, colegios de abogados y también abogados independientes que hacen valer su voz, sus necesidades y visibilizar la defensa de sus derechos.

“Especial atención realizarán los asuntos relacionados con mujeres indígenas, como bien ya lo apuntábamos hace un momento, cuya situación demandan la atención con absoluta legalidad, pero sensibilidad, perspectiva de género y enfoque interseccional intercultural”, indicó.

Ahí, activistas, defensores y autoridades plantearon medidas urgentes ante la persistente violación de sus derechos.

Mientras que, la secretaria de la Contraloría del Estado de México, Hilda Salazar, aseguró que el gobierno estatal está comprometido a corregir las omisiones del sistema y responder con transparencia. “La justicia no puede consolidarse sobre estructuras discriminatorias y excluyentes”, señaló ante integrantes de barras de abogados, asociaciones civiles y activistas.

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