Libertad de expresión

Por: Julián Chávez Trueba

Casos recientes como el del legislador Noroña, donde un particular fue condenado a pedir perdón públicamente, o aquel en el que una persona fue obligada a disculparse en redes sociales durante 30 días y a pagar una multa por un comentario generalizado, nos plantean una pregunta inquietante: ¿qué podemos expresar libremente en redes sociales (o en persona) frente a figuras de elección popular o del gobierno?

En Puebla, la legislación ya otorga a las autoridades la facultad de obligar a los particulares con redes sociales activas a eliminar comentarios que, de manera reiterada, ofendan a otros y menoscaben su integridad emocional. Esto resulta sorprendente, ya que, aunque hace algunos años se eliminó el delito de injurias del código penal, hoy nos enfrentamos nuevamente a restricciones en lo digital y lo presencial.

Para los pensadores de la Ilustración, como Voltaire, la libertad era un axioma, un principio fundamental para el avance de la sociedad. Sin embargo, esta prerrogativa, elevada a garantía constitucional y derecho humano, parece depender del enfoque del gobierno en turno, que a menudo la limita para evitar que los ciudadanos cuestionen o expongan temas sensibles que podrían convertirse en sus “talones de Aquiles”.

Esta práctica resulta profundamente cuestionable. Es inaceptable que, en lugar de destinar sus recursos a combatir delitos graves como el narcotráfico, las autoridades se enfoquen en censurar expresiones artísticas o críticas públicas, calificándolas como apología del delito.

Hace décadas que este tema no adquiría tanta relevancia, pero hoy es un hecho lamentable: mientras una persona identificable no puede criticar ni cuestionar a un político, grupos de individuos que actúan bajo el anonimato de una máscara o de una multitud cierran vialidades y causan destrozos con total impunidad. Así, las autoridades, incapaces de controlar a estos colectivos, optan por actuar contra ciudadanos identificables en redes sociales o en la vida cotidiana. Este uso discrecional de la ley es inaceptable.

Desde este espacio, lamentamos profundamente los casos que han salido a la luz, como cuando la Directiva del Club Toluca señaló a uno de nuestros reporteros de El Valle, así como aquellos que permanecen ocultos. Es inadmisible que personas con poder político o económico, en lugar de mejorar sus acciones, opten por silenciar a quienes los critican, ya sean reporteros o ciudadanos.

La libertad de expresión es una de las prerrogativas más valiosas para cualquier sociedad democrática. Su defensa no debe ser negociable.