Piden revisar sentencia de más de 100 años que se impuso a Cinthia 

Toluca, Méx.– Familiares y amigos de Cinthia  González González, una enfermera sentenciada a 110 años de prisión por un secuestro que, aseguran, nunca cometió, salieron a manifestarse públicamente para exigir a las autoridades judiciales la revisión de su caso, al que califican como una “Fabricación judicial sin pruebas sólidas”.

Juan Carlos Candia Ayala, esposo de Cinthia, denunció que todo el proceso estuvo plagado de inconsistencias, omisiones y violaciones al debido proceso. “A Cinthia la sentenciaron solo por haber estado presente en el último trayecto con la víctima, sin una sola prueba directa, sin videos, sin testigos y sin pruebas periciales que demuestren su participación”, señaló.

Cinthia fue llamada en un inicio como testigo, ya que el joven desaparecido la había acompañado a su casa en un taxi colectivo.

También, la familia estuvo acompañada de la Representante de mujeres construyendo, Leticia Hernández González, quienes señalaron que, a partir de ahí, y sin pruebas materiales, se elaboró una teoría en la que se le involucró como presunta partícipe de un secuestro. “El C5 y C2 dijeron que no existían videos del trayecto. La Fiscalía simplemente armó una historia sin sustento”, señaló su esposo.

La manifestación que la familia apeló la sentencia, pero el recurso fue rechazado sin mayores explicaciones. “Solo se le juzgó por una presunta prueba circunstancial, por estar en el lugar y momento equivocados”. “Ni siquiera existió una investigación seria, No se respetó su presunción de inocencia”, denunciaron.

Cinthia González, enfermera de profesión, llevaba una vida estable y trabajaba en clínicas y hospitales al momento de los hechos. No tiene antecedentes penales ni hijos, y sus allegados la describen como una mujer comprometida con su profesión y su comunidad.

“No es justo que una persona con una vida estable y sin nexos criminales sea tratada como culpable por deducciones sin sustento”, afirmaron.

La defensa no ha solicitado aún la amnistía administrativa, ya que insiste en que existen elementos suficientes para demostrar su inocencia por la vía jurídica.

Tras ocho años de prisión y el desgaste del proceso, no descartan acudir a organismos de derechos humanos o al gobierno federal para reabrir el caso.

“Solo pedimos que se revise el expediente de forma objetiva y se actúe conforme a derecho. No puede haber condenas sin pruebas claras. Cinthia fue víctima de una fabricación, y hoy está pagando una condena injusta”, concluyó su esposo.

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