En La Paz creemos en la ley y la justicia, señalan empresarios

La Paz, Méx.- Empresarios del barrio Tecamachalco, perteneciente a esta localidad, dijeron tener pruebas documentales, cartográficas y planos originales para certificar que sus negocios y el asentamiento de miles de familias se encuentran apegados a Derecho, por lo que urgieron a las autoridades estatales y federales a resolver un diferendo con ejidatarios en el marco estricto de la ley.

A nombre de los inversionistas, Jesús Romero Zárate señaló tajante que el sector privado en ningún momento ha violentado las instituciones y tampoco ha recurrido a la elaboración de planos topográficos apócrifos para demostrar la presunta invasión de 1,094 hectáreas que esgrimen los campesinos.

Resaltó que el gremio empresarial de La Paz cuenta con planos auténticos y dos fallos favorables del Tribunal Agrario para demostrar que la expropiación del cerro de San Isidro, en el año 1926, solamente abarcó 297 hectáreas del mismo, dejando a los verdaderos campesinos la posibilidad de enajenar sus tierras en el resto del área reclamada.

Destacó que los inversionistas no necesitan influencias ni adquirir planos falsos de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) para demostrar la extensión del núcleo ejidal, que según los campesinos, abarca a todo el municipio de La Paz, donde habitan más de 400 mil personas.

Por el contrario –dijo-, nosotros hemos presentado pruebas reales y sólidas que avalan nuestra posición y hemos obtenido dos resoluciones agrarias que certifican que no estamos en zona ejidal.

Destacó que los empresarios han buscado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel, para demostrar la validez de sus argumentos.

Y añadió: “Como empresarios, somos generadores de empleos y contribuimos al desarrollo económico del país, estado y municipio. No necesitamos tráfico de influencias para demostrar la legalidad de nuestras pruebas, sobre todo ante personas que solo buscan vivir del trabajo honrado de los demás”.

 Estableció que alrededor de 10 mil familias de La Paz dependen económicamente del empleo generado por inversionistas, lo que torna delicado un asunto que necesita ser dilucidado conforme a pruebas fehacientes de los actores involucrados.

Mencionó por último que el gremio empresarial seguirá custodiando la aplicación del marco normativo para que no se afecten los derechos ciudadanos.

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