Carlos Zamarripa, el cuarto poder en Guanajuato

Con casi 16 años en el cargo, Carlos Zamarripa Aguirre es el emblema de lo que no debe volver a pasar con un Fiscal General en México. Su ascenso y reinado comienza en 2009 cuando es nombrado Procurador de Justicia de Guanajuato, ratificado en 2012 y en 2019, con la reforma constitucional que transformó las Procuradurías en Fiscalías Generales, Zamarripa fue designado por el Congreso como el primer Fiscal General del Estado de Guanajuato.

Su nombramiento fue por un periodo de nueve años, hasta 2028, afortunadamente no sucedió. Pero vayamos a los datos, cuando asume el cargo de procurador en 2009, la incidencia de homicidios violentos era de 9 asesinatos por cada 100 mil habitantes al año, para el término de su periodo en 2024, la cifra es de 59 asesinatos violentos por cada 100 mil habitantes al año.

El hecho de que Guanajuato se convirtiera en el Estado con el mayor número de homicidios es una condición que se fue incubando durante varias administraciones federales, estatales y municipales. Los gobernadores decidieron desentenderse del tema de seguridad y dejarlo en manos de un cuarto poder; Carlos Zamarripa, quien comenzó a modificar la realidad política de Guanajuato con su colaborador y cómplice, el secretario de seguridad; Alvar Cabeza de Vaca.

Vayamos un paso atrás. A la llegada de Miguel Márquez como gobernador (2012- 2018), una de las primeras decisiones fue la contratación de un esquema de videovigilancia que “en teoría”, serviría para que a Guanajuato no llegara el crimen organizado que azotaba en ese momento a Michoacán y Jalisco, Estados vecinos. En los hechos, terminó en un esquema de corrupción que le costó a Guanajuato 600 millones de pesos de renta anuales, aproximadamente 3 mil millones de pesos durante el sexenio del exgobernador Miguel Márquez, estableciendo una alianza corrupta entre Zamarripa y dicho exgobernador. Lo anterior, derivó en la elección de Diego Sinhue como candidato a la gubernatura con la condición de mantener a Zamarripa y Cabeza de Vaca en los mismos cargos.

Los homicidios en el Estado pasaron de 5 mil 408 con el exgobernador Miguel Márquez, a 16 mil 542 con Diego Sinhue. De 2019 a 2024 la cifra se ha mantenido en más de 2 mil 500 homicidios anuales, su punto más alto en 2020 con 3 mil 359, derivado de la consolidación del cártel local “huachicolero” de Santa Rosa de Lima, pues resulta que las autoridades nunca se dieron cuenta que pasaban los camiones de combustible robado y que se perforaban los ductos de PEMEX. En ese momento había tolerancia del gobierno de Peña Nieto porque PEMEX también era fuente de saqueo para los funcionarios federales, por lo que resultaba conveniente la existencia de bandas de “huachicoleros”.

El cártel creció y fue retado por el Cártel Jalisco Nueva Generación por la magnitud del negocio, pues el robo de combustible fue cuantificado en millones de litros y de pesos. Los gobiernos panistas de Miguel Márquez y Diego Sinhue, junto con el fiscal Zamarripa y el secretario de Seguridad Cabeza de Vaca, vieron pasar todo y no hicieron nada. Un elemento de prueba son los policías, corrompidos en todos los municipios donde existía el robo de combustible y hoy, víctimas de asesinatos al punto de contar con el mayor número de policías asesinados al estar inmersos en esta lucha de bandas criminales.

Zamarripa sometió al congreso al entregar los informes que quería. El ejecutivo dependía de él en todos los temas de seguridad. Los alcaldes debían contar con su visto bueno para nombrar a los directores de policías y secretarios de seguridad. Lamentablemente, las causas que permitieron esta situación siguen vigentes, ya que la supuesta “autonomía” de las fiscalías no ha servido de nada.

Antes de irse (1 de enero de 2025), Zamarripa modificó el Reglamento interno de la Fiscalía para autoasignarse una pensión vitalicia de más de 147 mil pesos mensuales, lo mismo para su personal de confianza. Además de arreglar la designación de su esposa (quien ya estaba jubilada) como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa para un período de 10 años y la contratación de su hija. Desmontemos la idea de que los delincuentes están en las calles y pertenecen a cierta clase social. Las condiciones en las que se encuentra el país, son resultado de aquellos que ostentan cargos de poder. Los verdaderos criminales y delincuentes se encuentran ahí.