Denuncian que “cártel ejidal” de La Paz pretende extorsionar a empresarios

La Paz, Méx.- Empresarios de esta localidad hicieron un llamado al gobierno federal, al Gobierno del Estado de México, al Tribunal Superior Agrario y al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, para que atiendan de inmediato los juicios interpuestos por supuestos ejidatarios contra 15 empresas asentadas aquí, a las que pretenden extorsionar o cobrarles “renta” por los espacios que ocupan, ya que de acuerdo con el núcleo ejidal, “históricamente todo el municipio de La Paz les pertenece a los campesinos”.

José Antonio Preciado, Daniel Vázquez y Eduardo Doval Vidal, representantes del sector privado en la localidad, señalaron a la prensa que “el cártel ejidal de La Paz”, encabezado por el exalcalde Víctor Corona Arrieta y los señores Mario Medina Serrano (tío del exalcalde Juan José Medina Cabrera), Juana María Acosta, Vicente Méndez Torres y Lázaro Molina Arrieta son quienes, incluso a espaldas de los verdaderos campesinos, pretenden usufructuar la presunta posesión de 1,094 hectáreas, aunque legalmente no tienen con qué demostrarlo.

Con documentos oficiales y planos en mano, los empresarios señalaron en conferencia de prensa que desde 1926, cuando se llevó a cabo la expropiación de tierras, la dotación únicamente abarcó a 297 hectáreas de la hacienda de San Isidro, pero el resto del territorio no estuvo contemplado en la expropiación federal, quedando fuera el ejido de Los Reyes y su barrio Tecamachalco, tal como lo reconoce el Registro Agrario Nacional.

Indicaron que el conflicto detonó en 2014, siendo presidente municipal Juan José Medina, quien mañosamente convocó a una reunión de ejidatarios y empresarios para que “negociaran”, y él se lavó las manos. Desde entonces se interpusieron juicios y amparos y el sector privado obtuvo dos resoluciones favorables.

Mencionaron que los supuestos campesinos ganaron un juicio y hoy cobran “renta” por el espacio que ocupa el palacio municipal, aunque cabe la posibilidad de que puedan extorsionar o “sangrar” a ocupantes de cientos de negocios, hospitales, deportivos, mercados o incluso domicilios, ya que en este municipio habitan más de 500 mil personas.

Manifestaron que las administraciones de alcaldes como Olga Medina, Juan José Medina (tía y sobrino), Rolando Castellanos y hoy la de Cristina González Cruz no hicieron nada para deslindar responsabilidades sobre el conflicto. Esta última, Cristina González, quien está por entregar el cargo a la morenista Martha Guerrero, simplemente se encogió de hombros porque “no era su problema”.

Señalaron que no están dispuestos a negociar las propiedades de 15 empresas que brindan sustento a más de 10 mil familias, ya que han obtenido resoluciones favorables por parte del Tribunal Superior Agrario y el Registro Agrario Nacional. Hoy, dijeron, los amparos interpuestos se encuentran en el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito de Neza, y pidieron a los magistrados ajustarse al Estado de Derecho.

También solicitaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, su intervención inmediata para resolver este problema, ya que “si los tribunales favorecen a estos individuos, quienes ya cobran renta por el espacio que ocupa el palacio municipal, ¿qué no harán con los propietarios de decenas de empresas y cientos de negocios en la localidad?”, se preguntaron.

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