DEBATE
Por Roberto Desachy Severino
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Reforma Judicial, el nuevo ring en la larga disputa de AMLO contra su alma mater: UNAM
Desde sus críticas abiertas a la institución y sus rectores hasta abiertas intentonas de diputados federales de Morena por entrometerse en la UNAM, es claro que el presidente Andrés Manuel López y sus allegados no tienen un especial afecto por su alma mater, como quedó demostrado desde 2020.
Desde ese entonces, el legislador morenista Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca presentó una iniciativa de ley, para involucrar a la cámara de diputados en los procesos electorales universitarios, cuyas autoridades rechazaron tajantemente la ocurrencia: https://desdepuebla.com/2020/02/20/unam-rechaza-intento-de-diputado-de-morena-de-entrometerse-en-los-asuntos-electorales-de-la-universidad/.
Pero AMLO no es, en absoluto, sutil, con sus filias o fobias y tampoco necesita que nadie pelee sus batallas. Por ende, él mismo se ha encargado de criticar a la llamada Máxima Casa de Estudios del país, como ocurrió en noviembre pasado, cuando denunció que, según él, la UNAM es “elitista”: https://desdepuebla.com/2023/11/10/la-unam-se-ha-vuelto-elitista-lomeli-puede-demostrar-que-es-distinto-a-graue-y-narro-dice-amlo/.
Antes, en enero del 2023, después de que una de sus ministras de la SCJN, Yasmín Esquivel, fuera exhibida públicamente por representantes de la comunidad universitaria como presunta “plagiaria”, el presidente acusó al entonces rector, Enrique Graue de estar vinculado al “conservadurismo” y “politiquería”: https://desdepuebla.com/2023/01/12/amlo-critico-al-rector-de-la-unam-enrique-graue/
Y DESPUÉS DE LA ELECCIÓN, INVESTIGADORES PROVOCAN LA IRA PRESIDENCIAL
El más reciente round de la pelea entre AMLO y su alma mater se suscitó a mediados de junio, después de que algunos medios de comunicación publicaran partes de un “Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República” elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y que, entre otras cosas, advierte que la propuesta presidencial ataca la independencia del Poder Judicial y favorece la intromisión de la delincuencia organizada en la elección de jueces.
Aunque las autoridades centrales universitarias aclararon que el documento elaborado NO representaba a la institución, el presidente reclamó a sus elaboradores “qué se tienen que meter” y abundó que, para él, la Máxima Casa de Estudios “se ha derechizado”: https://www.infobae.com/mexico/2024/06/17/amlo-explota-contra-la-unam-por-informe-sobre-consecuencias-del-plan-c-que-se-tienen-que-meter/
El libro en cuestión, publicado por el IIJ, consta de 599 páginas y fue coordinado, por el ex titular de la PGR en 1994, Diego Valadés Ríos, además de los académicos Sergio López Ayllón, José de Jesús Orozco y Pedro Salazar Ugarte.
LAS RAZONES DEL ENOJO
Escrita por César Astudillo, la parte correspondiente de la reforma al Poder Judicial alerta que “el hecho de que en el ocaso de su mandato el presidente impulse una agenda de cambios que, una vez avalados impactarán directamente las decisiones del gobierno que habrá de comenzar de octubre de este año, solo puede entenderse desde una inicial motivación electoral orientada a confeccionar una agenda de campaña que le permita evadir el deber de neutralidad, mantener su protagonismo en el período de campaña y sus recurrentes llamados a construir una supermayoría electoral capaz de construir sin obstáculos los cambios constitucionales.
“Al igual que lo hicieron los presidentes durante el régimen hegemónico, el actual mandatario concibe la Constitución como un documento político que ha servido para anidar el testamento o ideario político de quienes han guiado al país. En consecuencia, busca heredar su propia visión mediante mandatos que contengan la esencia de su movimiento político y que, una vez convertidos en agenda política y de gobierno, se apresten a guiar los pasos de una nueva etapa de transformación nacional”.
Además de advertir que el proyecto de reforma judicial era un elemento para que AMLO interviniera de manera permanente en la pasada elección presidencial –algo ratificado por una de las instituciones que intenta desaparecer; es decir, el INE- y que también implica un intento de heredar“ su visión de país al siguiente gobierno federal, el texto previene que, de aprobarse como está en la iniciativa presidencial, podría detonar varios problemas en la SCJN.
Uno es que reduce la cantidad de ministros de la SCJN de 11 a 9, lo que aumentaría la carga de trabajo y saturación de temas, debido a que la propuesta establece que los asuntos deben ser dirimidos EXCLUSIVAMENTE en el pleno: https://desdepuebla.com/2024/03/09/las-trampas-de-la-reforma-judicial/.
AL DIABLO, EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO DEL DERECHO COMO REQUISITO PARA EL PJF
Muchos de sus críticos se han enfocado en el PREOCUPANTE hecho de que la propuesta presidencial abriría la puerta a que el dinero de la delincuencia organizada pague las campañas de quienes aspiran a ser jueces. Pero no es el único riesgo, ya que –de acuerdo al libro del IIJ- también soslaya la necesidad de que los integrantes de dicho poder tengan conocimiento especializado del derecho.
De aprobarse como fue enviada por el presidente, los requisitos para ministros, jueces y magistrados no cambian en lo sustancial, pero los perfiles de quienes buscan ingresar al Poder Judicial Federal (PJF) sí, debido a que dejará de ser relevante “que tengan conocimientos especializados, que dominen los principios de interpretación o que demuestren experiencia en el arte de juzgar y es muy probable que se vean desplazados por quienes tengan alguna cercanía o estén dispuestos a asumir compromisos con los poderes político y/o fáctico”: https://desdepuebla.com/2024/01/24/449065/.
Un aspecto positivo de la propuesta de AMLO –asentado por este análisis de investigadores de la UNAM- es que modifica el régimen de responsabilidades del PJF, “para que ministros, magistrados y jueces puedan ser investigados y removidos, con excepción de ministros, por el novedoso Tribunal de Disciplina Judicial por irregularidades denunciadas por cualquier persona o autoridad y ante actos u omisiones contrarias al interés público”.
