SCJN respalda a padres de 43 estudiantes de Ayotzinapa 

Ciudad de México.- Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó analizar si las autoridades incumplieron la sentencia que ordenó crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Por unanimidad de votos, los ministros de la Primera Sala de la SCJN revocaron un acuerdo que fue dictado desde el año 2018 por el entonces presidente del Máximo Tribunal, Luis María Aguilar Morales, en el que reasumió su competencia para resolver un incidente de inejecución de sentencia iniciado por el hoy extinto Tercer Tribunal Unitario de Tamaulipas.

Dicho incidente fue iniciado luego de que el Tribunal Unitario declaró que la Fiscalía General de la República, el Poder Legislativo y otras autoridades no están imposibilitadas para cumplir con las sentencias de amparo en las que fue concedida la protección constitucional a ocho supuestos responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

El ministro Aguilar Morales había turnado este asunto al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien realizó consideraciones para justificar el inicio del incidente de inejecución de sentencia que, de acuerdo con los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, están fundamentadas en la doctrina emitida por la propia Corte y en la Ley de Amparo.

Los padres de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, señalaron que no le corresponde a la Corte vigilar el cumplimiento de las sentencias de amparo concedidas a los ocho indiciados e imputados en el asunto, entre ellos, Gildardo López Astudillo “El Gil”, identificado como líder de los Guerreros Unidos, célula delictiva relacionada en este caso.

Para los padres de los normalistas, el Tribunal Colegiado de Circuito es el competente para hacer esta vigilancia antes de que el caso llegue a la Corte.

En sesión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf presentó sus proyectos en los que le dio la razón a los padres de los normalistas.

Tras la intención de votos, el expediente será enviado de regreso al tribunal Colegiado para que determine si hubo o no incumplimientos en las sentencias de amparo que ordenan a la Fiscalía General de la República abrir diversas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 e incluso, indagar si los supuestos responsables fueron torturados.